La orden de aprehensión, impediría que Javier Duarte obtenga su libertad anticipada por “buena conducta”
“Es el mejor regalo de navidad”, comentaron las buscadoras de Solecito Veracruz en su grupo de WhatsApp, cuando se enteraron de que al exgobernador de Veracruz , Javier Duarte de Ochoa (2012-2018), se le giró una orden de aprehensión por desaparición forzada.
La tarde del 6 de diciembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que aplicó una orden de aprehensión por la probable comisión del delito de desaparición forzada de personas contra Javier Duarte, internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.
Esta nueva orden de aprehensión provino de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y deriva de una investigación abierta por el ocultamiento de 13 de 19 cuerpos hallados en enero de 2016 en la barranca de La Aurora, una zona boscosa cerca de Xalapa, en el municipio de Emiliano Zapata y a menos de cuatro kilómetros de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, de la Policía Estatal de Veracruz.
De acuerdo con declaraciones vertidas en la investigación FEADPD/ZCX/011/2017, en la barranca de La Aurora policías de la Secretaría de Seguridad Pública dejaban los cuerpos sin vida de personas detenidas y torturadas en el interior de la academia de policía.
Es la primera vez en México que se investiga a un gobernador por este delito calificado como de lesa humanidad. La noticia despertó diversas reacciones entre dirigentes y buscadoras de colectivos de personas desaparecidas en Veracruz, estado que ocupa el cuarto lugar nacional con más personas desaparecidas y no localizadas (5 mil 453 casos), según datos de 2021 de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Rosalía Castro, coordinadora del colectivo que integra a más de 400 madres, hijas y hermanas de desaparecidos, dice que el exgobernador debe pagar todo lo que hizo, y también sus colaboradores. Ve con buenos ojos que la Fiscalía General de la República “haya tomado las cartas en el asunto”.
Para este colectivo, las imputaciones por delitos relacionados con el mal manejo de recursos públicos era apenas lo mínimo. En cambio, la desaparición forzada es para ellas el delito más importante por el que se debe juzgar a Javier Duarte, el exgobernador priísta.
Javier Duarte fue detenido en Guatemala el 15 de abril del 2017 por lavado de dinero y asociación delictuosa. Pero en días recientes, el gobierno de Guatemala realizó una excepción en su Tratado de Extradición para que Duarte fuera juzgado por desaparición forzada, pues al momento de su captura no se incluyó ese señalamiento.
—El colectivo presionó mucho por esta imputación. Esperamos seguir empujando para que no solo se quede en la aprehensión. Que hable, tiene que hablar —expone Rosalía.
La orden de aprehensión que celebra el colectivo, impediría que Javier Duarte obtenga su libertad anticipada por “buena conducta”. Duarte fue condenado a nueve años de prisión en 2020 por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Tras cubrir más de la mitad de la condena, podía solicitar su salida prematura.
Celia García Velazquez, otra de las integrantes de Colectivo Solecito y madre de Alfredo Román García, desaparecido el 18 de julio de 2011, también habla:
—¿Qué podría decirte sobre el famoso gobernador? Que pague las lágrimas de todas las madres que han llorado por su culpa.
Celia dice, con enojo, que espera que el exgobernador nunca salga de la cárcel. Y “si llegase a salir, su risa fingida la pagará en la noche, con sus depresiones y sus sueños”.
La buscadora Maricel Torres Melo, del colectivo María Herrera de Poza Rica, advierte que si a Duarte se le vincula a proceso por los cuerpos hallados en la barranca de La Aurora, esperarían que también se le investigue por otros casos de desaparición forzada cometidos en el estado. “Y que no salga en todo lo que le resta de vida”.