Nuevas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios de Javier Duarte
Tres exsecretarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, junto con cuatro de sus colaboradores cercanos, enfrentan nuevas órdenes de aprehensión por su presunta implicación en el delito de peculado, relacionado con el desvío de más de mil millones de pesos de los fondos del estado.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado a estos exfuncionarios por su probable responsabilidad en un escandaloso desvío de recursos públicos.
Los acusados que se encuentran en el centro de esta investigación son Tomás José Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, quienes en su momento ocuparon el cargo de titulares de la Secretaría de Finanzas de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte. Además de estos tres exsecretarios, también enfrentan órdenes de aprehensión Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario de Egresos; y Gabriel Deantes Ramos, exsubsecretario de Finanzas. Asimismo, José Francisco Díaz Valenzuela y Carolina Estrada Acosta, exsubdirectores de Operación Financiera de Veracruz, son parte de este grupo de exfuncionarios bajo la mira de la FGR.
La investigación realizada por la Fiscalía General de la República revela que, durante el período comprendido entre el 31 de enero y el 19 de diciembre del año 2013, estos exservidores públicos presuntamente llevaron a cabo transferencias irregulares que sumaron un total de mil 79 millones 200 mil pesos a cuentas vinculadas a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz. Es importante destacar que dicha concentración de recursos no contaba con la debida autorización para el manejo de los fondos públicos del Programa denominado Fondo de Aportación Múltiples.
La Fiscalía General de la República ha anunciado que, en las próximas horas, se llevará a cabo la ejecución de las órdenes de captura contra estos exfuncionarios, algunos de los cuales ya enfrentan otros procesos legales en libertad. El peculado, que implica el desvío de fondos públicos para fines distintos a los autorizados, se considera un delito grave y podría llevar a penas significativas en caso de ser condenados.
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