Congreso de Quintana Roo aprueba reformas para sancionar con mayor severidad la violencia ácida
La XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo ha dado un paso significativo en la lucha contra la violencia de género al aprobar reformas al Código Penal del Estado que impondrán sanciones más severas a quienes cometan actos de violencia ácida.
Además, en casos en los que estos actos tengan como objetivo privar de la vida o causar daños irreparables a una mujer por razón de género, se considerarán como tentativa de feminicidio, según el dictamen aprobado por unanimidad.
La reforma define la violencia ácida como cualquier acción destinada a causar lesiones que generen daño permanente o dejen una huella material en el cuerpo de una persona, utilizando sustancias corrosivas, ácidas o agentes físicos que alteren la salud o integridad física de la víctima.
La diputada Mildred Ávila Vera, durante su intervención en tribuna, destacó que esta reforma nace de la necesidad de visibilizar y sancionar una forma de violencia que afecta de manera diferenciada a las mujeres. La diputada Susana Hurtado Vallejo subrayó el papel crucial de las legisladoras en otorgar a los jueces las herramientas necesarias para actuar en casos de violencia contra las mujeres.
En la misma línea, la diputada Elda Candelaria Ayuso Achach señaló que esta reforma acerca un poco más al estado de justicia, ya que incrementa la pena de 10 a 15 años, convirtiendo los actos de violencia ácida en tentativas de feminicidio.
La reforma establece que el delito de violencia ácida será sancionado con penas de 10 a 15 años de prisión y de 300 a 700 días de multa. Estas penas se duplicarán en casos en los que las lesiones resulten en resección parcial o total de las mamas, alteración en el aparato genital, en las funciones de reproducción sexual o atenten contra el ejercicio de la autonomía sexual, entre otros escenarios.
En la misma sesión legislativa, se aprobaron adiciones al Código Penal en materia de legítima defensa con perspectiva de género. Estas adiciones buscan regular las conductas excluyentes de incriminación cuando se repela una agresión real, particularmente cuando la víctima sea una mujer o esté en peligro inminente de sufrir violencia física, sexual o feminicida.
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