En Cambio Diario te informa que El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Cuauhtémoc Blanco incurrió en violencia política de género y ordenó su inscripción en el registro de personas sancionadas del Instituto Nacional Electoral (INE) por un periodo de 18 meses.
La resolución fue emitida por la Sala Superior del TEPJF, que confirmó el fallo de la Sala Regional Especializada sobre los hechos ocurridos en 2023, cuando Blanco se desempeñaba como gobernador de Morelos.
El caso: exclusión de una diputada en evento oficial
La exdiputada federal Juanita Guerra denunció que fue excluida de un evento público organizado con motivo del CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla. Afirmó que no fue invitada a las reuniones de planeación, se le impidió instalar un templete previamente autorizado y se le negó el acceso al palco principal.
Tras analizar el caso, la Sala Regional del TEPJF determinó que existió violencia política de género, específicamente por la exclusión del palco, ya que la diputada había promovido y sido invitada al evento. Los magistrados concluyeron que esta acción tuvo un impacto desproporcionado por tratarse de una figura pública femenina en ejercicio de sus funciones.
Impugnaciones y resolución definitiva
Tanto Blanco como la exdiputada presentaron impugnaciones. Guerra solicitó que se sancionara a más personas y por todas las conductas denunciadas. Por su parte, el exgobernador argumentó que no se demostró su responsabilidad directa ni tenía atribuciones para organizar el evento.
Sin embargo, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón fue aprobado por la Sala Superior, al considerar que la sentencia previa estaba debidamente fundada y motivada. Los agravios presentados se calificaron como infundados e inoperantes.
Consecuencias para Cuauhtémoc Blanco
Con esta sentencia, el TEPJF sanciona a Cuauhtémoc Blanco por violencia política de género y ordena su inclusión en el registro de agresores del INE. Esta inscripción permanecerá vigente por un lapso de 18 meses, con base en lo establecido por la autoridad electoral.
El registro es una herramienta que permite visibilizar a las personas sancionadas por violencia política en razón de género y puede tener implicaciones en futuros procesos electorales, como candidaturas o cargos públicos.