La SCJN invalida el Plan B de la reforma electoral de López Obrador
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado por mayoría de nueve votos a dos el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante el análisis de la segunda parte de la reforma, los ministros confirmaron siete violaciones cometidas por diputados y senadores de Morena y sus aliados durante el proceso parlamentario, las cuales tienen un “potencial invalidante” debido a su gravedad.
Durante la sesión, se explicó que la mayoría morenista en el Congreso no publicó ni distribuyó la iniciativa con la anticipación debida, sustituyó la versión de la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria durante su discusión, y no otorgó un plazo razonable para su discusión y votación, entre otras faltas.
Las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, ambas afines al presidente López Obrador y su proyecto político, votaron a favor de la vigencia del Plan B de la Reforma Electoral. Sin embargo, sorprendiendo las expectativas, el ministro Arturo Zaldívar se unió a la mayoría votando por la invalidez total de la reforma. Zaldívar declaró que lo hizo por convicción y congruencia, ya que ha votado en ese sentido en temas similares desde 2010.
En un enérgico posicionamiento, la ministra Esquivel acusó a la SCJN de intentar invalidar la reforma con un “examen superficial” que no aborda el fondo del asunto, lo que, a su parecer, resta credibilidad al Tribunal Constitucional. Afirmó que simplemente erigirse como gestores de las buenas prácticas parlamentarias es una contribución limitada para cumplir con la obligación constitucional de resolver conflictos.
Responden ministros
La respuesta de los ministros Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González no se hizo esperar. Advertieron que la invalidez de la reforma debido a vicios en el proceso parlamentario no es un asunto superficial. Pérez Dayán señaló que no renuncia a su deber de examinar la constitucionalidad de cualquier disposición legal, siempre y cuando esté convencido de que se han tomado las medidas necesarias para que lo que se dice ley sea realmente ley.
Aguilar afirmó que toda norma debe estar sujeta al mandato popular y que todos deben estar sujetos al mandato de la Constitución. Destacó que cada elemento del procedimiento parlamentario para la creación de leyes tiene como objetivo común garantizar que el Congreso emita leyes más justas, democráticas y representativas del sentir del pueblo mexicano.
La invalidez de las reglas del procedimiento legislativo, según Aguilar, constituye una deslealtad constitucional y un desprecio hacia las minorías parlamentarias que representan a un sector importante del pueblo de México.
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