El gobierno de la República buscará resolver los conflictos sociales que pudieran presentarse en las 84 comunidades por las que se tiene contemplado que pase el Tren Maya, mediante la aplicación de “microconsultas”, similares a la que se llevó a cabo el 15 de diciembre.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Gobernación realizarían las consultas, mismas que, se presume, servirían para alcanzar consensos con los pobladores que condicionaron el megaproyecto, a cambio de atender los problemas en sus localidades.
Los reclamos van desde la carencia de agua en pueblos que resultarían afectados por el proyecto, mecanismos para reubicación de familias, así como pagos por expropiación de ejidos; problemas no resueltos y de los que la autoridad tomó nota durante asambleas celebradas en Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
En entrevista con El Financiero, Adelfo Regino, titular del INPI, reconoció que el gobierno de tiene conocimiento sobre la existencia de “una docena de conflictos” en la región sureste, los cuales, según dijo, “en efecto deberán solucionarse”. Sin embargo, advirtió: “habrá que esperar a que inicien las obras para identificar las posibles afectaciones, pues en principio el tren utilizaría el derecho de vía existente.” Los ejercicios participativos se realizarían sólo en las comunidades o ejidos “donde se pudiera presentar algún problema”, aclaró Regino Montes.
En el mismo sentido, el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, explicó en entrevista que se acordó una mesa interinstitucional “permanente” con las distintas dependencias federales, “para la resolución de conflictos, que tendrán como objetivo atender a la gente”.
Después de las asambleas, fueron alcanzados acuerdos y compromisos a cambio del sí al megaproyecto, mismos que ya le fueron entregados al presidente López Obrador.
Por ejemplo, en Calakmul, Campeche, uno de las preocupaciones reiteradas es la escasez de agua; el paliativo para subsanar esta carencia fue el reparto de pipas, primero de forma gratuita, y luego con un costo de hasta 350 pesos por pipa.
En Cobá, en Quintana Roo, la comunidad pidió accesos al mar en el caso de Akumal y centros de salud. O en X-Hazil se pide solución a las indemnizaciones ante las afectaciones por la modernización de la carretera 307 Chetumal-Cancún.
Decenas de organizaciones, entre ellas el Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena, acusaron al gobierno federal de querer imponer megaproyectos con “consultas simuladas”.
De esta manera, será en enero cuando arranque la licitación para el megaproyecto, y el gobierno de México tendrá el reto de darle solución a los reclamos de mil 78 comunidades indígenas que habitan en la región.
(Con información de El Financiero)