Villahermosa, Tabasco. El sistema federal IMSS Bienestar, encargado de atender a la población tabasqueña sin seguridad social, acumuló 210 casos de intoxicación por plaguicidas entre 2023 y junio de 2026, de los cuales 9 terminaron en defunción, de acuerdo con un reporte difundido el 13 de agosto de 2026. La cifra equivale a un promedio cercano a 60 casos por año en ese sistema de salud durante los tres años y medio analizados, y coloca a Tabasco nuevamente en el centro del debate sobre el uso intensivo de agroquímicos en el campo mexicano.
Cifras de intoxicación por plaguicidas en Tabasco: qué revelan los datos
Con 210 casos y 9 muertes, la letalidad calculada dentro del sistema IMSS Bienestar ronda el 4.3 por ciento, un porcentaje que se ubica muy por encima del rango que la Organización Mundial de la Salud maneja para intoxicaciones agudas por plaguicidas a nivel global, estimado entre 0.4 y 1.9 por ciento. Esa diferencia sugiere dos posibles explicaciones que no se excluyen entre sí: que el sistema esté captando sobre todo los casos más graves, o que exista un subregistro relevante de intoxicaciones leves que nunca llegan a las unidades médicas.
Las cifras de IMSS Bienestar no son un dato aislado. Estadísticas de la Secretaría de Salud estatal habían documentado 12 defunciones por esta causa en 2023, mientras que hacia la semana epidemiológica 33 de 2024 se habían acumulado 36 casos en el año, un nivel ligeramente superior al registrado en el mismo periodo de 2023. En un conteo más amplio, el sistema estatal de salud reportó 335 casos entre 2022 y el cierre de 2024, con apenas 2 defunciones en ese trienio, y 107 casos sin muertes asociadas solo en 2024. La comparación entre ambos sistemas —el estatal y el federal IMSS Bienestar— deja ver diferencias de metodología y de cobertura poblacional que dificultan construir una cifra estatal única y consolidada.
Hasta ahora no existe un desglose público detallado por municipio, sexo, grupo de edad o tipo de plaguicida involucrado, ni se ha precisado qué proporción de los casos corresponde a exposición laboral frente a accidentes domésticos o intentos de autolesión. Tampoco se han localizado pronunciamientos recientes de la coordinación estatal de IMSS Bienestar o de la Secretaría de Salud de Tabasco que amplíen lo reportado.
Un estado con uso intensivo de agroquímicos
Tabasco ocupa el undécimo lugar entre las entidades del país en consumo de plaguicidas, un dato que ayuda a entender por qué las intoxicaciones se mantienen como un problema recurrente de salud pública. Investigaciones en la región de Los Ríos documentan que más del 86 por ciento de los productores locales utiliza herbicidas y más del 96 por ciento aplica insecticidas, sin variaciones significativas entre laderas, lomeríos o planicies fluviales. Entre los productos más comunes destacan herbicidas como el glifosato y el paraquat, además de insecticidas de uso extendido en la región.
Un hallazgo especialmente preocupante de esos estudios es que 9 de cada 10 familias aplican en sus huertos domésticos los mismos productos que emplean en potreros y cultivos comerciales, lo que amplía la exposición más allá del ámbito estrictamente laboral y la lleva hasta los espacios familiares. En suelos y frutas de la región, como los limones, se han detectado además residuos de compuestos organoclorados. Solo en la superficie cañera del estado, que ronda las 38 mil 600 hectáreas, se calcula que 8 de cada 10 hectáreas reciben algún fungicida o pesticida.
El motor de este uso intensivo es la propia vocación productiva de Tabasco: caña de azúcar, cacao, plátano, cítricos, maíz y ganadería sostienen buena parte de la economía rural del estado. La exposición ocurre principalmente cuando se aplican los productos sin equipo de protección adecuado, cuando se almacenan de forma insegura en el hogar, o cuando contaminan de manera indirecta el suelo, el agua y los alimentos.
Efectos en la salud y límites de la vigilancia epidemiológica
Una intoxicación aguda por plaguicidas puede manifestarse con náuseas, mareo y vómito en los cuadros más leves, y avanzar hasta convulsiones y muerte en los casos graves. A mediano y largo plazo, la exposición reiterada se ha vinculado con distintos tipos de cáncer, defectos congénitos, alteraciones reproductivas y daño al sistema nervioso, efectos que resultan mucho más difíciles de rastrear y cuantificar que los episodios agudos.
Justamente ahí está uno de los principales puntos ciegos del sistema: la vigilancia epidemiológica nacional, centrada en el código T60 de intoxicación aguda, capta con relativa eficacia los eventos súbitos, pero tiende a subestimar los efectos crónicos que se acumulan a lo largo de años de exposición ocupacional o doméstica.
La prohibición federal de 35 plaguicidas, un primer paso
En septiembre de 2025, el Gobierno de México presentó un decreto que prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de 35 plaguicidas considerados de alto riesgo, entre ellos el aldicarb, el carbofurán, el endosulfán y el DDT, sustancias señaladas por su potencial cancerígeno y su toxicidad para el sistema nervioso y el desarrollo fetal. Se trató de la restricción más amplia en más de tres décadas, ya que la anterior medida de este tipo databa de 1991 y cubría apenas 21 ingredientes activos. El propio gobierno federal ha anticipado que prohibirá un segundo grupo de sustancias en 2026 y un tercero en 2027, como parte de una estrategia gradual de sustitución.
En paralelo, programas orientados a la agroecología, los bioinsumos y la capacitación técnica buscan reducir la dependencia de agroquímicos, aunque su alcance todavía es limitado frente al volumen de uso que documentan los estudios regionales. Especialistas y organizaciones ambientales insisten en la necesidad de reforzar el monitoreo, acelerar la transición hacia prácticas más sustentables y proteger a los polinizadores, luego de que se han reportado mortandades de abejas asociadas al uso de pesticidas en el sureste del país.
Lo que falta por saber
Las autoridades reconocen, de manera implícita en la falta de desgloses públicos, que persisten vacíos importantes: no hay información abierta sobre municipios más afectados, tipos específicos de plaguicida involucrados en cada caso, ni sobre si las intoxicaciones ocurrieron en contextos laborales, accidentales o intencionales. A ello se suma que las cifras de IMSS Bienestar reflejan únicamente la atención brindada por ese sistema, por lo que el total estatal —al sumar otros prestadores de salud— podría ser mayor.
En conjunto, las cifras confirman que la intoxicación por plaguicidas sigue siendo un problema de salud pública vigente en Tabasco, estrechamente ligado al modelo agrícola que predomina en la entidad. La prohibición decretada en 2025 y los programas de transición agroecológica representan avances concretos, pero especialistas coinciden en que se requiere mayor vigilancia epidemiológica, regulación efectiva en el campo, educación para el manejo seguro de agroquímicos y alternativas productivas viables para reducir de fondo la exposición de las familias tabasqueñas.
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