El Tribunal de Justicia Administrativa revocó la inhabilitación que pesaba contra Sitravem, la empresa responsable del mantenimiento de elevadores del IMSS, casi tres años después de la muerte de la niña Ahitana Domínguez Castillo en el Hospital 18 de Playa del Carmen. La decisión judicial determinó que la Secretaría de la Función Pública basó la sanción en una norma que ya había perdido vigencia, dejando sin castigo el único acto punitivo derivado del incidente que causó indignación nacional.
El fallo que revierte la única sanción en el caso
La 11 Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa determinó mediante el recurso de nulidad 21162/24-17-11-1 que la inhabilitación impuesta a Sitravem carecía de fundamento legal válido. Según el análisis de los magistrados, la Secretaría de la Función Pública sustentó su decisión en una Norma Oficial Mexicana que ya no tenía vigencia al momento de la sanción, por lo que procedió a revocar la medida de castigo.
Con esta resolución judicial, queda completamente revertido el único castigo administrativo que se había impuesto en relación con la muerte de Ahitana. El caso, que conmocionó a México hace casi tres años, no ha resultado en detenciones ni sanciones de funcionarios públicos o contratistas responsables por la falla mecánica del elevador que causó el deceso de la menor.
En su momento, el IMSS informó únicamente de la separación del cargo del encargado del mantenimiento del nosocomio, una medida que no constituyó un proceso penal ni una inhabilitación formal para ejercer funciones públicas o privadas en el sector salud.
Contexto del incidente: La tragedia de julio de 2023
Ahitana Domínguez Castillo, niña de siete años de edad, perdió la vida en julio de 2023 cuando una falla mecánica en el elevador del Hospital 18 impidió completar su traslado hacia la sala de urgencias. El incidente generó una ola de indignación nacional al evidenciar deficiencias en el mantenimiento de infraestructura crítica en instalaciones de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La falla del elevador no fue un acto aislado, sino que expuso problemas sistémicos en la supervisión y mantenimiento de equipos en hospitales del IMSS. El caso trascendió los límites de Playa del Carmen y se convirtió en símbolo de negligencia institucional, movilizando a padres de familia y organizaciones de derechos humanos.
Medidas reparadoras y recomendaciones de la CNDH
Ante la presión social y las investigaciones de organismos de protección de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación que incluía medidas reparadoras hacia la familia de Ahitana. Como resultado de esta recomendación, se erigió una estatua en honor a la menor afuera del Hospital 18 de Playa del Carmen, reconociendo su memoria y el impacto del incidente en la comunidad.
La estatua se convirtió en un símbolo de la lucha por la rendición de cuentas y la exigencia de mejoras en los servicios de salud. Sin embargo, la revocación de la sanción a Sitravem representa un retroceso en los esfuerzos por garantizar responsabilidad institucional y corporativa en casos de negligencia que resulten en muertes.
Implicaciones legales y de responsabilidad corporativa
La decisión del Tribunal de Justicia Administrativa plantea interrogantes sobre la efectividad de los marcos normativos para sancionar a empresas contratistas del Estado cuando sus fallas resultan en tragedias. La revocación basada en la expiración de una norma oficial mexicana sugiere vacíos en la legislación que permitieron que Sitravem escapara de castigo administrativo.
Este precedente abre el debate sobre la necesidad de reformas legales que fortalezcan la responsabilidad civil y administrativa de empresas proveedoras de servicios críticos en instituciones de salud pública. La falta de sanciones efectivas puede desincentivar inversiones en mantenimiento preventivo y seguridad de equipos en hospitales del IMSS.
Ausencia de responsabilidad penal en el caso
Hasta la fecha, ningún funcionario público vinculado con la supervisión del Hospital 18 ha enfrentado cargos penales por el incidente. Tampoco se han iniciado procedimientos penales contra directivos o responsables técnicos de Sitravem que pudieran haber contribuido a la falla del elevador o a deficiencias en su mantenimiento.
La separación del cargo del encargado del mantenimiento fue la única consecuencia laboral documentada, sin que esto haya derivado en investigaciones criminales formales. Esta ausencia de responsabilidad penal contrasta con la gravedad de las consecuencias: la muerte de una niña de siete años en una institución de salud pública.
Reacciones y demandas de justicia
Organizaciones de derechos humanos y grupos de padres de familia han manifestado su preocupación por la revocación de la sanción a Sitravem. Consideran que la decisión judicial perpetúa la impunidad en casos donde negligencia corporativa resulta en muertes evitables, especialmente en el contexto de servicios de salud donde la seguridad es fundamental.
La familia de Ahitana y sus abogados han señalado que esta resolución del Tribunal de Justicia Administrativa refleja deficiencias en los mecanismos de justicia administrativa y penal en México. Advierten que sin sanciones efectivas, empresas contratistas carecen de incentivos suficientes para invertir en mantenimiento preventivo y protocolos de seguridad rigurosos.
En Cambio Diario continúa monitoreando los desarrollos en este caso que ha marcado la agenda de derechos humanos en Quintana Roo. Si deseas conocer más sobre las irregularidades en instituciones de salud pública en la región, te invitamos a revisar nuestros reportajes sobre denuncias de negligencia médica en el ISSSTE de Chetumal y otras investigaciones sobre calidad de atención sanitaria en Quintana Roo.