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Promoverán en Fitur expropiaciones para hoteles de lujo

Promoverán en Fitur expropiaciones para hoteles de lujo

La nueva Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Quintana Roo espantó a ejidatarios, iniciativa privada y a los que tienen su casita en terrenos de codiciados para el desarrollo turístico, porque levanta la guillotina de la expropiación. 

A los empresarios porque pueden ser expropiadas sus propiedades a un precio risible que tiene como techo el valor fiscal y no comercial; a los ejidatarios que ahora serán liquidados sin mayor problema a los precios bajos sus tierras ejidales y a los ciudadanos de la calle que pueden ser despojados con la justificación que se hará una obra de beneficio social.

Algunos propietarios de Majahual ya sienten cerca el temor de una expropiación, lo mismo que los ejidatarios de la Zona Maya, cerca de donde pasa el nuevo tren, que han expresado su inquietud de que les arrebaten sus tierras y no les paguen un precio justo a los primeros pobladores de estas históricas tierras.

Los líderes del sector empresarial se reunieron con la Secretaría de Gobierno del estado, piden modificaciones a la nueva ley, pero recibieron de la secretaria de gobierno, Cristina Torres Gómez, la propuesta de limar las aristas más filosas en la creación de un reglamento más inclusivo, transparente y acorde con las necesidades de todos los actores involucrados. Pero ellos piden una modificación legal que ofrezca certeza jurídica a las inversiones privadas y logre un equilibrio adecuado.

El presidente del CCE del Caribe, Javier Carlos Olvera Silveira, y otros representantes empresariales, presentes en el diálogo realizado en la ciudad de Chetumal con la secretaria de Gobierno, destacaron la importancia de que la nueva legislación asegure certeza jurídica para los inversionistas.

Más allá de las vendettas políticas que pudieron poner en peligro propiedades e inversiones privadas, lo que entendieron los empresarios de las explicaciones de Cristina Torres es que se detonará el desarrollo inmobiliario en la selva que hasta ahora había estado inexplotada, ya que en la nueva ley se incluyen expropiaciones para proyectos de inversión privada, y la ley lo justifica siempre que “incidan de manera directa en el bienestar de los intereses colectivos y la prosperidad compartida”. Lo que convierte el lucro privado en acciones de utilidad pública.

Además no condena los monopolios, por lo que cualquier cadena hotelera, podrá hacer las construcciones que considere convenientes, por lo que consideran que en la Feria de Turismo (FITUR) a realizarse en Madrid, será un éxito total la oferta de tierras por todas las regiones, por lo que habrá millonarias inversiones privadas. Con ello se piensa que se equilibrará el desarrollo del sur y del norte de Quintana Roo, aunque los daños colaterales serán inevitables en la ecología y las comunidades mayas serán utilizadas como folklore ya que no se contempla una empresa pública de beneficio colectivo.

Ni incluye lo que dice la federal acerca del “equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular”, ni “el abastecimiento de las ciudades o centros de población, de víveres o de otros artículos de consumo necesario, y los procedimientos empleados para combatir o impedir la propagación de epidemias, epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras calamidades públicas”.

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Mientras que los ejidatarios quedan en la indefensión, la expropiación de bienes o inversiones de extranjeros está debidamente protegida por la Constitución,  (tratados internacionales, como el T-MEX o el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea), que contienen cláusulas referidas a expropiaciones de ciudadanos de los estados parte.

Si existe algún desacuerdo con el decreto de expropiación, está el Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado, lo que los convierte en actos administrativos, y cuyos titulares de las dependencias son decididos por el gobierno estatal.

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