Cancún, Quintana Roo.– Diversas controversias legales y políticas continúan rodeando a Harley Sosa Guillén, ex presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) y ex delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en la entidad.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos promovieron una solicitud de juicio político en su contra, argumentando presuntas omisiones en la atención de alrededor de 30 casos de supuesta tortura ocurridos durante el sexenio del ex gobernador Roberto Borge Angulo.
De acuerdo con los denunciantes, las víctimas habrían sido sometidas a toques eléctricos, golpes, simulación de ahorcamiento y quemaduras con colillas de cigarro. Los promoventes señalaron que la Cdheqroo no actuó con la prontitud ni contundencia necesaria para atender las quejas.
Aunque inicialmente el Congreso local desechó la petición de juicio político al considerar que el titular de la Cdheqroo no estaba sujeto a ese procedimiento, posteriormente el marco constitucional estatal fue modificado para incluir a los órganos autónomos dentro de los sujetos susceptibles de juicio político.
En respuesta a las acusaciones, Harley Sosa Guillén afirmó que quienes señalan irregularidades están obligados a presentar pruebas y sostuvo que existen mecanismos legales para impugnar las decisiones de la comisión, incluyendo recursos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Por otra parte, también trascendió que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó a Sosa Guillén durante su etapa como delegado del INM en Quintana Roo por presunto tráfico de personas y posibles vínculos con redes dedicadas a la migración ilegal.
Las investigaciones federales incluían la detección de documentos falsificados, entre ellos pasaportes, actas de nacimiento y credenciales oficiales. Asimismo, las autoridades señalaron posibles nexos de dichas redes con actividades de crimen organizado y narcomenudeo en la zona norte del estado, particularmente en Cancún y Playa del Carmen.
La PGR informó en su momento que también investigaba a otros funcionarios del Instituto Nacional de Migración relacionados con estos hechos.
Diversos actores políticos y sociales han señalado además que perfiles vinculados al llamado “borgismo” continúan presentes dentro de la vida pública estatal. Entre las críticas, algunos sectores sostienen que el gobierno estatal mantiene en su estructura a personajes identificados con el grupo político del ex gobernador Roberto Borge.