El Congreso de Quintana Roo aprobó con 23 votos a favor y ninguno en contra, nuevas medidas en la Ley de Movilidad estatal que se aplicarán a plataformas digitales de transporte privado, como Uber y Didi. Con las reformas, se añadieron candados a estas plataformas, las cuales no requerirán una concesión para operar, pero sí un permiso renovable cada año por el Instituto de Movilidad del Estado.
Además, las plataformas tendrán que pagar mensualmente el 1.5% por servicio contratado, lo que irá al Instituto de Movilidad y a un nuevo Fondo para la Movilidad. Los vehículos de las plataformas no podrán tener una antigüedad de más de cinco años, tendrán que tener un mínimo de cuatro puertas, bolsas de aire delanteras, aire acondicionado y equipo de sonido.
También se exigirá que los vehículos tengan en su interior botones de pánico físicos o digitales, cámaras de video y grabación de voz, así como equipos de geolocalización GPS. La nueva ley fue aprobada por unanimidad en el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, tras la resolución de enero pasado, que determinó que Uber no tenía que sujetarse a la ley estatal de movilidad de 2018.
La aprobación de la nueva ley ha generado opiniones encontradas. El diputado Humberto Aldana, coordinador de la bancada de Morena, espera que tras estas reformas los sindicatos de taxistas y usuarios de Uber queden conformes. Por otro lado, Agueda Esperilla, vocera de Uber en la entidad, aseguró que esta reforma no generará competencia sana y beneficiará a los sindicatos de taxistas, así como al Gobierno estatal.
En enero pasado, la disputa de taxistas contra usuarios de Uber provocó bloqueos y peleas en distintos puntos de Quintana Roo. El Gobierno estatal aseguró que procedería legalmente contra algunos taxistas tras semanas de hechos de violencia.
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