Se pasó de los festejos de las reformas a la Ley de Movilidad y al Código Penal, en el que resaltaba que en el estado no iba a haber impunidad en el servicio de transporte público de Quintana Roo, pero también los privados, pues los delitos por daños y lesiones se perseguirán de oficio, sin necesidad de una denuncia previa. Se trataba también de evitar bloqueos.
Hubo agradecimientos para las diputadas y diputados de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. ‘No habrá impunidad’, se gritó.
La reforma suscitó críticas por parte de organizaciones civiles y sectores de la oposición, que advirtieron sobre posibles restricciones a la libertad de expresión. Que no podrían marchar en vehículos, que si bloqueaban una calle irían a la cárcel o que se prohibiera manifestarse con el pretexto de que alteraban la movilidad.
Los colectivos feministas externaron su rechazo a las reformas hechas ya que violenta el derecho de los ciudadanos a manifestarse y era un elemento para reprimir la inconformidad contra las instituciones que no cumplían con su responsabilidad de atender las demandas de la gente y no se criminalicen las manifestaciones legítimas en la entidad.
Y es que en el Código Penal se contemplan penas más severas, como el incremento de hasta un 50% en las sanciones para delitos de homicidio y lesiones ocurridos durante la prestación del servicio. También, se contemplará si las víctimas son menores de edad o turistas, las penas podrán aumentar hasta en dos terceras partes.
Estas modificaciones a la Ley de Movilidad permitían retirar, suspender o cancelar temporal o definitivamente licencias de conducir, permisos y concesiones en casos de delitos relacionados con el servicio de transporte tanto público como privado.
Así que lo más prudente fue que se realizara una nueva iniciativa en la que el gobierno estatal disipara dudas. La inquietud se generó ante la posibilidad de que atente contra derechos fundamentales.
Por ello la mandataria estatal, Mara Lezama, expresó que “derivado de la posibilidad de que la reciente reforma al Código Penal pudiera atentar contra la libre expresión y manifestación de las y los ciudadanos de Quintana Roo, y a pesar de que el texto anterior ya consideraba sanciones al respecto, he instruido al Consejero Jurídico para que se presente una reforma ante la legislatura local, en la cual se precise el derecho de libre manifestación pacífica”.
El gobierno del estado, instruyó al Consejero Jurídico para que se presente una reforma ante la legislatura local, en la cual se precise el derecho de libre manifestación pacífica. El ajuste será presentado en los próximos días ante el Congreso local para su análisis y eventual aprobación.
