Empresarios quintanarroenses temen que la nueva Ley de Expropiación sea utilizada para despojar terrenos de alta plusvalía, especialmente en Mahahual. Este temor surge tras intentos fallidos de apropiación de hectáreas en la zona.
En medio de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, empresarios locales buscan revertir la ley o suavizar sus aspectos más polémicos. La normativa otorga a la Consejería Jurídica del estado facultades amplias para determinar la utilidad pública de bienes afectados, lo que genera inquietud entre inversionistas del sector turístico.
Dirigentes ejidales se suman al rechazo, acusando que las expropiaciones pueden convertirse en despojos bajo justificaciones ambiguas. Señalan que los pagos propuestos serían mínimos, afectando gravemente a comunidades rurales. También denuncian la falta de consultas públicas antes de aprobar la ley, lo que califican como un proceso apresurado y opaco.
Los ejidatarios de municipios como Lázaro Cárdenas y José María Morelos alertan que la nueva ley permite solicitudes de expropiación incluso por parte de particulares. Recuerdan los conflictos generados por proyectos como el Tren Maya, donde denuncian prácticas similares.
La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, intentó justificar la ley como una “adecuación normativa” que busca garantizar transparencia. Sin embargo, los afectados consideran que estas explicaciones llegan tarde y no abordan el impacto negativo de la normativa en su economía.
La “Ley Despojo” sigue generando polémica y movilizaciones en Quintana Roo. Tanto empresarios como ejidatarios exigen justicia, pagos justos y una revisión profunda para evitar abusos que podrían dañar el desarrollo económico del estado.
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