Empresarios de Isla Mujeres denunciaron la presunta existencia de una red de corrupción y extorsión dentro del gobierno municipal, a la que atribuyen cobros irregulares, clausuras y obstáculos para obtener licencias y permisos.
Los denunciantes sostienen que dependencias como Protección Civil, Fiscalización, Ecología y Desarrollo Urbano serían utilizadas para presionar a propietarios de bancos de materiales, muelles, marinas, bares, restaurantes y otros establecimientos.
Uno de los empresarios aseguró que las autoridades municipales le exigieron alrededor de 20 millones de pesos por conceptos relacionados con multas, Protección Civil, Ecología e impuesto predial. Hasta el momento, las acusaciones no han sido acreditadas judicialmente y el Ayuntamiento de Isla Mujeres no ha fijado públicamente una postura.
Señalan a funcionarios de Isla Mujeres
Los señalamientos difundidos por empresarios apuntan a William Conrado Alarcón, director general de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Planeación, así como a Hugo Sánchez Montalvo, secretario general del Ayuntamiento.
Los denunciantes solicitaron que las actuaciones de ambos servidores públicos sean revisadas por las autoridades estatales y federales. También pidieron investigar la aplicación de sanciones, la expedición de licencias y los procedimientos de clausura.
La administración municipal está encabezada por la presidenta Atenea Gómez Ricalde. De acuerdo con Milenio, medio que publicó originalmente los testimonios, se solicitó una postura al Ayuntamiento, pero no había recibido respuesta hasta el cierre de su información.
Empresario acusa cobro por 20 millones de pesos
Uno de los casos expuestos es el de Rigoberto Nava, propietario de un banco de materiales ubicado en la zona continental de Isla Mujeres.
El empresario afirmó que su establecimiento operó durante aproximadamente 24 años con permisos estatales, pero fue clausurado por autoridades municipales debido a un supuesto adeudo de impuesto predial relacionado con un terreno ejidal.
Según su testimonio, el conflicto comenzó después de que se negó a entregar una presunta cuota de materiales. Posteriormente, habría sido citado para proporcionar información sobre la cantidad de producto que salía del establecimiento.
Nava aseguró que después le presentaron una cuenta cercana a los 20 millones de pesos por conceptos atribuidos a Protección Civil, Ecología e impuesto predial.
El empresario calificó el procedimiento como una extorsión y afirmó haber obtenido un amparo favorable. Sin embargo, sostuvo que los sellos de clausura continuaron colocados en el negocio.
Denuncian trato desigual para bancos de materiales
Rigoberto Nava también cuestionó que otros bancos de materiales continúen funcionando mientras su establecimiento permanece cerrado.
Según su versión, algunos negocios tendrían acuerdos con funcionarios municipales. Aseguró que el cierre también ha afectado a familias, comercios y consumidores que dependían del material vendido en ese lugar.
El empresario explicó que ahora algunos productos deben trasladarse desde otros municipios, lo que habría provocado un incremento en los precios de los materiales para la construcción.
Hasta el momento, las autoridades no han respondido públicamente a los señalamientos sobre un supuesto trato preferencial hacia otros establecimientos.
Acusan presiones mediante dependencias municipales
Otro empresario, cuya identidad fue reservada por temor a represalias, sostuvo que Protección Civil, Fiscalización y Ecología serían empleadas para imponer requisitos, sanciones y clausuras de manera discrecional.
El denunciante afirmó que este supuesto mecanismo buscaría obstaculizar la operación de algunos negocios y beneficiar a determinados grupos empresariales. También relacionó los cobros con intereses políticos ante los próximos procesos electorales.
De acuerdo con su testimonio, las presuntas presiones alcanzarían a propietarios de:
- Bancos de materiales.
- Marinas y muelles.
- Bares.
- Restaurantes.
- Comercios.
- Negocios turísticos.
- Establecimientos ubicados en la zona continental.
El empresario aseguró que otras posibles víctimas no han presentado denuncias por miedo a sufrir clausuras, inspecciones o dificultades para renovar sus licencias.
Reportan presuntos cobros de 30 mil y 40 mil pesos
Además del caso por aproximadamente 20 millones de pesos, los denunciantes señalaron que algunos comerciantes habrían recibido solicitudes de entre 30 mil y 40 mil pesos para continuar con sus actividades.
Un empresario identificado únicamente como Arturo afirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo después de que, según su testimonio, su establecimiento fue clausurado por negarse a entregar una presunta “mordida”.
No se ha informado públicamente el número de la carpeta de investigación ni el avance de las diligencias. Tampoco existe hasta ahora una determinación judicial que confirme la comisión de los delitos denunciados.
Piden intervención estatal y federal
Los empresarios solicitaron la intervención de la Fiscalía de Quintana Roo y de autoridades federales para determinar si existe una red dedicada a exigir pagos irregulares a cambio de permitir la operación de negocios.
También pidieron revisar:
- Las actas de inspección.
- Los procedimientos de clausura.
- Las multas impuestas.
- El otorgamiento de licencias.
- Los permisos de funcionamiento.
- Los dictámenes de Protección Civil.
- Las autorizaciones ambientales.
- Los posibles vínculos entre servidores públicos y empresarios.
Los denunciantes señalaron que estas prácticas representarían una carga adicional para el sector comercial y turístico, afectado por la disminución de visitantes y la llegada de sargazo.
Acusaciones permanecen sin comprobar
Las declaraciones difundidas corresponden a testimonios de empresarios y deben tratarse como acusaciones que todavía no han sido comprobadas ante una autoridad judicial.
El cobro de multas, la clausura de un establecimiento o el rechazo de una licencia pueden ser medidas administrativas legales cuando están debidamente fundamentadas. La investigación deberá establecer si en estos casos se siguieron los procedimientos correspondientes o si existieron exigencias indebidas.
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