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Condena total a relección de diputados hasta por doce años

Condena total a relección de diputados hasta por doce años

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal y el Observatorio Legislativo de Quintana Roo condenaron los intentos de reforma al artículo 57 de la Constitución local para que los diputados locales puedan permanecer cuatro periodos, es decir doce años consecutivos en sus cargos.
De acuerdo a un comunicado del Congreso quintanarroense del lunes, la Comisión Permanente turnó a comisiones la iniciativa para su estudio y dictaminación.
El presidente del CCE en Chetumal, Eloy Quintal Jiménez, manifestó que la actual XVI legislatura estatal no ha dado buenos resultados.
“No ha sido una legislatura que haya dado la mejor cuenta a la sociedad”, expresó.
Dijo que el Congreso no ha tomado en cuenta las propuestas que le han hecho los sectores empresariales.
“Nosotros no creemos que necesitamos tener a las mismas personas”, remarcó.
Por su parte, el Observatorio Legislativo de Quintana Roo recordó que en 2014 se aprobó una reforma constitucional para que diputados locales estuvieran en el cargo hasta dos periodos o seis años consecutivos.
Eso permitió que los diputados locales Eduardo Martínez Arcila, José de la Peña Ruiz y Tyara Schleske de Ariño pasaran de la XV a la XVI Legislatura, pero su desempeño no ha mejorado.
“No se puede argumentar que su desempeño en una segunda legislatura ha sido de beneficio para la sociedad de Quintana Roo”, indicó el Observatorio Legislativo.
Manifestó que es “incongruente” que los intentos de reforma se justifiquen en que habrá una mayor transparencia en la relación entre diputados locales y ciudadanos, cuando la actual legislatura del Congreso de Quintana Roo ha sido opaca.
“Se ha caracterizado por un retroceso en la transparencia y rendición de cuentas”, añadió.
El Congreso de Quintana Roo está integrado por ocho diputados de Morena, cinco del PAN, cuatro del PVEM, tres del PRD, dos del PT, uno del PRI, uno de MC y otro del partido local MAS.
El actual presidente de la Junta de Coordinación Política es Gustavo Miranda García, del PVEM, quien ha sido acusado de inflar la nómina del Poder Legislativo en 186 trabajadores, que de acuerdo a sus adversarios son “aviadores”.

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