Chetumal, Quintana Roo.— El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana (SESESC) de Quintana Roo anunció que trabaja en la adquisición de entre 600 y 800 cámaras de solapa adicionales para equipar a los cuerpos de policía de los 11 municipios del estado. La meta es que, al concluir el proceso, al menos la mitad de los elementos operativos porte este tipo de dispositivo durante su servicio, frente al 40% que ya cuenta con uno actualmente.
Cámaras policiales: gasto perdido. Una reinversión forzada por las circunstancias
Hacia septiembre de 2025 el SESESC ya había invertido 78 millones 862 mil pesos para entregar apenas 50 cámaras de solapa a corporaciones de seguridad de los 11 municipios, las cuales sí se podían apagar manualmente por los elementos y también era posible el manipular su registro; de ahí surgió la necesidad de volver a invertir en estas cámaras para las corporaciones de seguridad antes de que se cumpliera un año de uso.
Financiamiento con recursos federales
La compra de las nuevas cámaras se realizará con recursos federales etiquetados para seguridad pública, principalmente a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP). De acuerdo con el SESESC, el avance en la ministración de estos recursos se ubica actualmente entre 50% y 60%.
Estos fondos no se destinan exclusivamente a las policías municipales: también benefician a otras instancias de seguridad y justicia del estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo (CEAVEQROO), el Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C3) y el Tribunal Superior de Justicia, además de una bolsa específica de participación para los 11 ayuntamientos.
Una política de equipamiento más amplia
La expansión de las cámaras de solapa se suma a otras acciones recientes del gobierno estatal orientadas a fortalecer la infraestructura tecnológica de seguridad, como inversiones en videovigilancia urbana y conectividad para las corporaciones policiales. El uso de cámaras corporales por parte de policías se ha extendido en años recientes en distintos países como una herramienta para documentar intervenciones y fomentar la rendición de cuentas.
En ese sentido, Quintana Roo se suma a una tendencia que ya se observa en otras corporaciones del país, donde este tipo de dispositivos se han convertido en un estándar cada vez más común dentro de las estrategias de modernización policial y transparencia institucional.
Cobertura policial: de 40% a la meta del 50%
El titular del SESESC, Adrián Martínez Ortega, detalló que la cifra final de cámaras dependerá de la propuesta económica que presenten los proveedores durante el proceso de compra, por lo que el número podría ajustarse una vez cerrada la licitación. El funcionario explicó que la prioridad no es únicamente repartir más equipo entre las corporaciones, sino construir un esquema de vigilancia que permita dar seguimiento en tiempo real a las intervenciones policiales y contar con evidencia disponible cuando se abran revisiones internas o quejas ciudadanas.
Actualmente, alrededor de cuatro de cada diez policías municipales en Quintana Roo ya portan una cámara de solapa. Con la nueva compra, el gobierno estatal busca que ese porcentaje llegue a por lo menos la mitad de la fuerza operativa antes de que termine 2026, un salto que colocaría al estado entre las entidades del sureste con mayor cobertura de este tipo de tecnología en sus corporaciones locales.
Cámaras que no podrán apagarse durante el servicio
Uno de los elementos que más ha llamado la atención del nuevo equipamiento es su diseño técnico: los dispositivos estarán configurados para que los propios agentes no puedan apagarlos mientras se encuentren de servicio. Según explicó Martínez Ortega, esta característica busca reducir la manipulación del equipo, dar mayor trazabilidad a los operativos y reforzar la transparencia en el uso de la fuerza pública.
El funcionario añadió que el monitoreo en tiempo real de las cámaras funcionará como un mecanismo de protección tanto para la ciudadanía como para los propios elementos policiales, particularmente en intervenciones de alto riesgo o en situaciones donde puedan surgir señalamientos por presuntos abusos o irregularidades durante un operativo.