Busca Congreso de Quintana Roo anular amparo de Aguakan
Luego que Aguakan a través de un amparo logro anular el decreto que cancela su concesión para operar el servicio de agua potable en cuatro municipios de Quintana Roo, el Congreso del estado interpuso un recurso de revisión contra esa medida.
Es el expediente 1323/2023 de amparo indirecto a través del Juzgado Octavo de Distrito, el cual recibió la apelación, la cual turnará a uno de los tres tribunales colegiados federales de Cancún.
Con esto, el Congreso local busca anular el amparo que le ha permitido a la empresa seguir brindando sus servicios, pese a que en diciembre de 2023, se aprobó el decreto 195, el cual establece que el contrato de agua potable otorgado a Aguakan en 1990 expiró el 31 de diciembre del año pasado, anulando con ello el decreto 250, de 2014, año en el que el entonces gobernador Roberto Borges, concedió una ampliación anticipada de la concesión hasta 2053.
Y eso llevó a la concesionaria a impugnar ese decreto y logró que le fuera concedida una suspensión provisional, la cual fue ratificada como definitiva el lunes 22 de enero pasado.
El Congreso de Quintana Roo ya había anunciado que impugnaría la medida cautelar concedida a Aguakan, pues consideraban que la empresa había incluso hecho uso de información falsa para argumentar a favor de su causa en tribunales.
Cabe recordar que el propio Gobierno del estado interpuso una denuncia contra Aguakan ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude procesal, pues en el juicio de amparo la empresa habría incurrido en argumentos falso para abonar a su causa.
Dentro de los principales argumentos es que Aguakan señala al Congreso de no estar facultado para derogar un contrato que fue autorizado por el gobierno del estado y los municipios, pero la contraparte asegura que eso es falso pues la ley de municipios prevé que cuando una concesión excede el tiempo en funciones de una administración municipal, el poder legislativo debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, lo cual no sucedió, pues nunca se licitó la ampliación del servicio.
Otro de los argumentos del gobierno del estado y del Poder Legislativo contra la concesionaria es la consulta pública realizada el 5 de junio de 2021, en la que más de 35% del padrón electoral de los municipios involucrados votó a favor de rescindir el contrato de concesión a Aguakan.
