En el trasfondo del violento desalojo en el predio conocido como “Las Torres” en Playa del Carmen, Quintana Roo, la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha desvinculado de los hechos, aclarando que solo aseguró el inmueble y no emitió ninguna orden de desalojo.
La marcha de responsabilidades sobre qué autoridades y fuerzas policiales participaron continúa luego de que se detonaran armas de fuego y varias personas resultaran lesionadas.
A través de un comunicado emitido , la FGE subrayó que, si bien tiene asegurado el predio en disputa entre el Ejido Playa del Carmen y particulares que lo mantienen ocupado ilegalmente, no ordenó ni ejecutó ningún desalojo, desmintiendo así versiones previas.
La dependencia ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, especialmente después de la participación de policías uniformados del municipio de Solidaridad, donde resultaron heridos tanto civiles como elementos del orden público.
La FGE detalló que inició una carpeta de investigación el 31 de marzo de 2023, tras recibir una denuncia por despojo en el predio “Las Torres” en Playa del Carmen.
Predio fue asegurado desde el 2023
El fiscal del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del predio el 7 de abril de 2023, el cual se ha mantenido bajo esta condición desde entonces. El comunicado reiteró el compromiso de la fiscalía con la justicia, respetando los derechos humanos y los protocolos establecidos.
Por otro lado, circuló un oficio del Ejido Playa del Carmen, agradeciendo la intervención de la FGE “para proteger el patrimonio de las familias” afectadas por la invasión del predio. El Ejido lamenta que estas acciones sean politizadas y pide a la ciudadanía no participar en actos ilegales como las invasiones de propiedades privadas.
En cuanto al desalojo, Cecilio Puc Sansores, secretario general del Ayuntamiento de Solidaridad, aseguró en una entrevista que la intervención de la Policía Municipal fue solicitada “de apoyo”, actuando dentro de la ley. Explicó que ante la denuncia de los propietarios del predio invadido, se les prestó colaboración para recuperar sus propiedades, instando a evitar situaciones de riesgo y buscar alternativas legales para ocupar un espacio.
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