La revelación de cientos de movimientos migratorios en vuelos privados realizados por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, integrantes de su familia y el senador con licencia Eugenio Segura Vázquez, cuya utilización de recursos públicos ha sido negada por la mandataria, conduce ahora a una red de empresas y empresarios que han recibido contratos multimillonarios del Gobierno de Quintana Roo. Documentos contractuales muestran que una de las compañías vinculadas con un accionista de la empresa propietaria de una de las aeronaves investigadas, FMEDICAL, acumuló diez contratos por 1 mil 450 millones 800 mil pesos entre 2020 y 2025, varios de ellos durante el periodo en que Segura fue secretario de Finanzas y Planeación del estado.
La conexión parte de uno de los aviones identificados en las investigaciones sobre los vuelos privados: un Hawker 800, matrícula XA-AMI, propiedad de Thebe Ingeniería y Consultoría. Entre los accionistas de esa empresa aparece Fernando Padilla Farfán, fundador, director y CEO de FMEDICAL, S.A. de C.V., compañía que mantuvo durante seis años una relación contractual de más de mil 450 millones de pesos con el Gobierno de Quintana Roo.
La pista de las aeronaves lleva así directamente a los contratos públicos. Mientras Eugenio Segura encabezó la Secretaría de Finanzas y Planeación, entre el 25 de septiembre de 2022 y el 27 de agosto de 2024, FMEDICAL obtuvo algunos de los contratos más cuantiosos de toda la relación documentada con el gobierno estatal. En febrero de 2023 recibió un contrato por 417 millones 600 mil pesos y, en marzo de 2024, otro por 313 millones 200 mil pesos, ambos firmados durante el periodo en que Segura era responsable de las finanzas y la planeación de Quintana Roo.
Los registros públicos disponibles muestran una secuencia de diez contratos entre 2020 y 2025:
SE SA-DA-AD-085-2020: firmado el 3 de enero de 2020, por 12 millones 500 mil pesos con IVA, con ejecución del 3 de enero al 29 de febrero de 2020.
SESA-DA-AD-086-2020: firmado el 28 de febrero de 2020, por 25 millones de pesos con IVA, con ejecución del 1 de marzo al 30 de junio de 2020.
SESA-DA-AD-099-2020: firmado el 1 de julio de 2020, por 37 millones 500 mil pesos con IVA, con ejecución del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.
SESA-DA-AD-047-2021: firmado el 1 de febrero de 2021, por 68 millones 750 mil pesos con IVA, con ejecución del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2021.
SESA-DA-AD-018-2022: firmado el 4 de enero de 2022, por 56 millones 250 mil pesos con IVA, con ejecución del 4 de enero al 30 de septiembre de 2022.
SESA-DA-001-2023: firmado el 10 de febrero de 2023, por 417 millones 600 mil pesos con IVA, con ejecución del 12 de febrero al 31 de diciembre de 2023.
SSA-DA-AD-I-001-2024: firmado el 2 de enero de 2024, por 104 millones 400 mil pesos con IVA, con ejecución del 2 de enero al 31 de marzo de 2024.
SSA-DA-III-003-2024: firmado el 20 de marzo de 2024, por 313 millones 200 mil pesos con IVA, con ejecución del 1 de abril al 31 de diciembre de 2024.
SSA-DA-AD-I-001-2025: firmado el 2 de enero de 2025, por 104 millones 400 mil pesos con IVA, con vigencia del 2 de enero al 31 de marzo de 2025.
SSA-DA-III-001-2025: firmado el 1 de abril de 2025, por 311 millones 200 mil pesos con IVA, con vigencia contractual del 1 de abril al 31 de diciembre de 2025, aunque se reporta un periodo de entrega de servicios del 1 de enero al 31 de marzo de 2025.
En total, los diez contratos suman 1 mil 450 millones 800 mil pesos con IVA. La relación contractual comenzó antes de que Eugenio Segura llegara a SEFIPLAN, pero durante su gestión se concentraron contrataciones por montos especialmente elevados. Tan sólo los contratos firmados en febrero de 2023, enero y marzo de 2024 sumaron 835 millones 200 mil pesos, una cifra que coloca bajo escrutinio la relación entre el proveedor, el gobierno estatal y el funcionario que simultáneamente aparece vinculado con la investigación sobre los vuelos privados.
El cruce de los datos no se limita, sin embargo, a Quintana Roo. Fernando Padilla Farfán mantiene desde hace varios años una relación personal, política y empresarial con Adán Augusto López Hernández. Esa cercanía se fortaleció durante el periodo en que el tabasqueño fue gobernador de Tabasco, entre 2018 y 2021, y continuó posteriormente durante su paso por la Secretaría de Gobernación.
Padilla ha aparecido en actos políticos junto a Adán Augusto y otros dirigentes de Morena. También recibió al entonces aspirante presidencial en actividades de su entorno privado y, durante la precampaña presidencial de 2023, su revista Líder México colocó decenas de espectaculares para promover la imagen del político tabasqueño. En marzo, Padilla organizó además una fiesta de cumpleaños en su finca de Coatepec, Veracruz, amenizada por Grupo Firme, Reik y Río Roma.
Las empresas relacionadas con Padilla tampoco son ajenas a los gobiernos encabezados por Morena. FMEDICAL, Línea Médica del Sur, Consorcio Aspen y otras compañías vinculadas con el empresario obtuvieron contratos millonarios en distintas entidades. En Tabasco, durante la gubernatura de Adán Augusto, participaron en contrataciones relacionadas, entre otros servicios, con unidades de hospitalización para pacientes de Covid. En Chiapas, durante el gobierno de Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto, sus compañías recibieron contratos por más de mil millones de pesos para unidades médicas móviles y una mega farmacia.
De acuerdo con la información disponible, las contrataciones obtenidas por empresas relacionadas con Padilla en Tabasco y Chiapas superaron los 2 mil millones de pesos, y varios de esos contratos fueron otorgados mediante adjudicación directa. Posteriormente, el mismo entramado empresarial extendió su presencia a otros gobiernos morenistas, entre ellos Quintana Roo y Baja California.
La conexión política adquiere una nueva dimensión porque Adán Augusto López Hernández también mantiene una relación de cercanía y alianza con Eugenio “Gino” Segura. Cuando Segura llegó al Senado en 2024, Adán Augusto, entonces coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, impulsó su llegada a la presidencia de la Comisión de Turismo en noviembre de ese año, una posición estratégica para un senador de Quintana Roo y que reforzó su proyección política rumbo a la sucesión gubernamental de 2027.
La relación entre ambos senadores ha mostrado además gestos públicos de cercanía, incluido un regalo de cumpleaños de Adán Augusto a Segura. Así, la ruta política y empresarial forma un circuito que conecta a Padilla con Adán Augusto, a Adán Augusto con Segura y a Padilla, a través de FMEDICAL, con contratos multimillonarios otorgados por el Gobierno de Quintana Roo, incluidos varios durante la gestión de Segura al frente de SEFIPLAN.
El caso de Fernando Padilla resulta particularmente significativo. Un accionista de la empresa propietaria de una de las aeronaves identificadas es, al mismo tiempo, el dueño de FMEDICAL, compañía que acumuló contratos por 1 mil 450 millones 800 mil pesos con el Gobierno de Quintana Roo. Dos de sus contratos más cuantiosos fueron firmados mientras Eugenio Segura encabezaba SEFIPLAN, y el empresario mantiene una relación política y personal de años con Adán Augusto López Hernández, uno de los principales aliados políticos del propio senador quintanarroense.
Seguritech: La ruta abre un segundo frente
En las investigaciones sobre las aeronaves utilizadas aparece PABE-TAX, empresa vinculada con Seguritech, grupo proveedor de servicios de seguridad para el Gobierno de Quintana Roo. Esta conexión plantea otro posible conflicto de interés, al vincular aeronaves privadas utilizadas por integrantes del entorno político con una empresa relacionada con un proveedor gubernamental.
Seguritech fue fundada por Ariel Zeev Picker Schatz y opera en los sectores de tecnología de seguridad, videovigilancia, centros de mando C5 y telecomunicaciones mediante diversas subsidiarias. Aunque sus contratos con el Gobierno de Quintana Roo fueron protegidos mediante una reserva de información, existe documentación pública sobre una de sus filiales, PICORP de México, S.A. de C.V.
Se trata del contrato FSP-SSC-SOP-048/2023, mediante el cual PICORP de México fue contratada para realizar estudios de preinversión destinados a la construcción de un centro penitenciario en Benito Juárez. El acuerdo contempló una inversión superior a 77 millones de pesos, incluido un anticipo equivalente al 30 por ciento para iniciar las labores técnicas y administrativas. La vigencia de los trabajos fue establecida en 32 días naturales, con conclusión prevista para finales de diciembre de 2023.
La revelación sobre los vuelos privados, por tanto, ya no sólo coloca bajo la lupa los traslados de Mara Lezama, su familia y Eugenio Segura, ni se limita a la pregunta sobre quién pagó aeronaves cuyo costo está fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos. La pista de esas aeronaves conduce a empresarios y compañías que aparecen también en documentos de contratación pública por cientos y miles de millones de pesos.
La información disponible no permite establecer que los contratos fueran una contraprestación por los vuelos ni que las aeronaves hubieran sido utilizadas como pago de favores políticos. Pero la coincidencia entre los pasajeros investigados, los empresarios vinculados con las aeronaves, los proveedores beneficiados con contratos públicos y las relaciones políticas que los conectan obliga a una explicación puntual.
Si los vuelos no fueron pagados con recursos del erario, como ha sostenido Mara Lezama, queda por aclarar quién cubrió su costo, bajo qué figura fueron proporcionadas las aeronaves y qué relación tenían quienes facilitaron esos traslados con el Gobierno de Quintana Roo y sus principales funcionarios. La pregunta se vuelve todavía más relevante cuando entre quienes aparecen en el entorno empresarial de las aeronaves existen personas o compañías con negocios multimillonarios con la administración estatal.
El entramado que surge de los documentos y las relaciones descritas conecta, de esta manera, tres niveles de poder: los vuelos privados en los que fueron relacionados Mara Lezama y Eugenio Segura; los contratos públicos obtenidos por empresas vinculadas con empresarios del entorno de las aeronaves; y la red política que enlaza a Fernando Padilla con Adán Augusto López y a éste con el senador quintanarroense.
