Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum rubricó un decreto orientado a robustecer el principio constitucional de máxima publicidad en el manejo de la información pública. La medida, expuesta por la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, busca que las dependencias federales divulguen más datos de los que hoy exige la ley, acoten los criterios con que un funcionario puede etiquetar un documento como reservado y agilicen el acceso ciudadano a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Sheinbaum firma decreto de transparencia, el texto se integrará al Diario Oficial de la Federación el mismo martes y, según anunció la mandataria, sentará las bases de una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que el Ejecutivo remitirá al Congreso al arrancar el próximo periodo ordinario de sesiones.
Sheinbaum firma decreto de transparencia: Los cuatro ejes del decreto de transparencia
Buenrostro explicó que la disposición firmada este martes se organiza en cuatro frentes concretos. El primero corresponde a las contrataciones públicas: los contratos y convenios modificatorios que suscriba el Ejecutivo federal dejarán de reportarse cada tres meses y pasarán a difundirse mensualmente, con la intención de que la ciudadanía siga con mayor puntualidad el destino de las compras y obras gubernamentales.
El segundo eje apunta directamente a las empresas productivas del Estado. De acuerdo con la funcionaria, las filiales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad tendrán que hacer públicos sus estados financieros, los informes que entregan a agencias extranjeras, sus reglas de gobierno corporativo, sus políticas de operación y los contratos que firman, incluidas las operaciones que realizan fuera del país.
El tercer punto se centra en la fiscalización: el decreto ordena divulgar el programa anual de auditorías, las estadísticas correspondientes, el seguimiento a las observaciones detectadas y el listado de los despachos externos designados para revisar el gasto público. El cuarto eje tiene un carácter de invitación más que de mandato, ya que el Gobierno federal exhortó a los estados, los municipios y a los poderes Legislativo y Judicial a sumarse voluntariamente al principio de máxima publicidad y a homologar sus prácticas de transparencia con las que ahora regirán a la administración federal.
Sheinbaum defiende el fin de la discrecionalidad
En su intervención, la presidenta subrayó que el propósito central del decreto es retirarle al funcionario público el margen para decidir, por su propio criterio, qué información se entrega y cuál se oculta. “Ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de un director de Pemex, de CFE o de cualquier dependencia; ya hay lineamientos específicos sobre lo que debe ser transparente y aquello que, por un procedimiento administrativo, judicial o por razones de seguridad nacional, no puede informarse”, señaló, de acuerdo con lo reproducido por la Presidencia de la República en su portal oficial.
Buenrostro precisó que las causales de reserva, que actualmente suman alrededor de diecisiete supuestos repartidos entre motivos de interés público y de seguridad nacional, se simplificarán para apegarse de forma más estricta al texto constitucional. Cuando exista información que deba mantenerse resguardada por tratarse de asuntos judiciales en curso o de seguridad nacional, la instrucción presidencial es priorizar, siempre que sea posible, la elaboración de versiones públicas que permitan conocer al menos una parte del contenido. La funcionaria adelantó también que, en un plazo máximo de treinta días hábiles, la Plataforma Nacional de Transparencia incorporará nuevos contenidos de interés público, luego de que en meses recientes el propio Gobierno reportó haber resuelto fallas técnicas que afectaban su funcionamiento.
El antecedente: la desaparición del INAI
Para entender el alcance del decreto conviene recordar que el sistema mexicano de transparencia atraviesa, desde finales de 2024, una reconfiguración profunda. En diciembre de ese año el Congreso aprobó una reforma constitucional impulsada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador que ordenó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo, en el marco de lo que el Gobierno denominó “simplificación orgánica” de la administración pública. Las leyes secundarias derivadas de esa reforma, entre ellas una nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se publicaron el 20 de marzo de 2025, y las funciones que antes correspondían al INAI pasaron a un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno conocido como Transparencia para el Pueblo.
El Gobierno justificó en su momento la desaparición del organismo autónomo argumentando su elevado costo operativo, cercano a mil millones de pesos anuales, además de fallas recurrentes en sus plataformas digitales y señalamientos de corrupción contra algunos de sus comisionados. Sheinbaum ha insistido en distintas ocasiones en que el INAI “no era la mejor institución del mundo” y ha defendido que la nueva estructura, adscrita al Ejecutivo, puede cumplir la misma función de manera más eficiente.
Sheinbaum firma decreto de transparencia: la base del Buen Gobierno
Organizaciones civiles especializadas en el derecho de acceso a la información, junto con académicos y legisladores de oposición, han documentado por su parte una reducción en el número de solicitudes de información presentadas por la ciudadanía tras la desaparición del instituto autónomo, así como un incremento en la proporción de recursos de revisión desechados en las primeras etapas del nuevo esquema. También han advertido sobre la fragmentación que dejó la desaparición de varios institutos de transparencia a nivel local y sobre el riesgo de que temas sensibles, como los relacionados con corrupción, seguridad pública o megaproyectos de infraestructura, queden más expuestos a la opacidad. El decreto firmado este martes se presenta, en ese contexto, como una respuesta del Gobierno federal a ese cuestionamiento, al tiempo que la administración sostiene que el nuevo modelo institucional resulta más cercano a la ciudadanía y menos costoso para el erario.
Qué sigue tras la firma del decreto
En el corto plazo se espera la publicación formal del decreto en el Diario Oficial de la Federación, la actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia dentro del plazo de treinta días hábiles anunciado por Buenrostro y el arranque de los reportes mensuales sobre contratos públicos. La iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia que el Ejecutivo prepara para el Congreso buscará, en un horizonte más amplio, dar permanencia legal a estos lineamientos y explorar su extensión hacia otros niveles de gobierno, en un proceso legislativo donde la mayoría oficialista aparece como un factor favorable para su aprobación.
Entre los elementos a vigilar en los próximos meses destacan la calidad real de la información que se publique, la facilidad con que la ciudadanía pueda consultarla, la forma en que se resuelvan los recursos de revisión y el grado de autonomía operativa con que trabaje Transparencia para el Pueblo, dado que el nuevo esquema, a diferencia del extinto INAI, opera dentro de la propia estructura del Poder Ejecutivo. Organizaciones de la sociedad civil han señalado que seguirán dando seguimiento a las tasas de solicitudes atendidas, a los criterios efectivos de reserva y a la calidad de las versiones públicas que se generen a partir de ahora, como medida para contrastar el discurso oficial con los resultados concretos de la nueva política de transparencia.
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