Santiago Creel presenta controversia constitucional contra decreto de López Obrador
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, ha interpuesto una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del nuevo decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que clasifica el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y los aeropuertos de Chetumal, Tulum y Palenque como de seguridad nacional.
En un comunicado, Creel especificó que la presentación de la controversia constitucional busca impedir que ciertas obras de infraestructura sean consideradas de seguridad nacional, lo cual limitaría el acceso a la información que todos los mexicanos tienen derecho a conocer. Afirmó que este nuevo decreto es un acto arbitrario, similar al anterior que fue invalidado por la SCJN y que no promueve la transparencia.
El presidente de la Mesa Directiva acusó al presidente López Obrador de intentar ocultar información sobre la administración de los recursos públicos destinados a la construcción del Tren Maya, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. Consideró que esta opacidad va en contra del derecho humano de los ciudadanos a tener un gobierno transparente y acceso a la información gubernamental.
Interpondrá recursos legales
Creel manifestó su disposición a interponer los recursos legales necesarios si el presidente insiste en mantener en secreto el uso de los recursos públicos en sus obras insignia, como el Tren Maya. Además, advirtió que, en caso de que la SCJN reitere la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales y el presidente insista en emitir nuevos acuerdos en la misma línea, impugnará su actuación en nombre de la Cámara de Diputados cuantas veces sea necesario.
La presentación de esta controversia constitucional por parte de Santiago Creel refleja la preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución de proyectos de infraestructura de gran envergadura. Se espera que la SCJN examine el caso y emita un fallo que defina el alcance y la validez de los decretos presidenciales en cuestión.
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