La organización civil Defensorxs presentó este mediodía una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por presuntos delitos electorales, delincuencia organizada y otros crímenes durante la elección 2021. La querella incluye a 55 políticos como el senador Enrique Inzunza y el exgobernador Quirino Ordaz. Los hechos ocurrieron en la Fiscalía Federal de Ciudad de México, Colonia Doctores, para impulsar investigaciones nacionales independientes de presiones externas.
Detalles de la denuncia presentada por Defensorxs
La organización Defensorxs, representada por Miguel Alfonso Meza y Leonardo Zúñiga, radicó la denuncia contra 55 políticos de Sinaloa. Entre ellos destaca Rubén Rocha Moya denuncia FGR como figura central, junto al senador Enrique Inzunza y Quirino Ordaz. La acusación abarca delitos electorales (manipulación de procesos comiciales), delincuencia organizada (asociación para delinquir), delitos contra la salud (tráfico de narcóticos), lavado de dinero y secuestro.
Meza declaró que Estados Unidos ya acusó a 10 narco políticos, incluyendo a Rocha Moya, Inzunza y funcionarios de fiscalía y seguridad pública estatal. La denuncia amplía el alcance a 45 personas más beneficiadas en la elección 2021 en Sinaloa por intervención de Los Chapitos (hijos de Joaquín Guzmán Loera, facción del Cártel de Sinaloa).
Los promoventes buscan que la FGR atraiga todas las denuncias relacionadas con esa contienda electoral. Además, pretenden ser reconocidos como víctimas para supervisar el proceso y evitar investigaciones “a oscuras”. Habilitaron un sitio web para que ciudadanos de Sinaloa aporten pruebas sobre irregularidades en casillas y campañas.
Entre los imputados figuran Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal general de la Fiscalía Estatal de Sinaloa; Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía; y alcaldes como Juan de Dios Gámez Mendívil de Culiacán y Luis Guillermo Benítez de Mazatlán. También se menciona a 17 exalcaldes y diputados locales y federales electos en 2021.
Contexto de las acusaciones de Estados Unidos
El Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York desclasificó el 29 de abril una acusación formal contra Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios más. Se les imputa conspiración para importar narcóticos (fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina) a Estados Unidos y uso de ametralladoras (armas de fuego de uso exclusivo militar).
La fiscalía estadounidense alega que Los Chapitos aseguraron la victoria de Rocha Moya en la elección 2021 del 6 de junio robando urnas donde perdía, secuestrando candidatos opositores e intimidándolos. Mandos de la Policía Estatal prohibieron intervenir en casillas pese a denuncias de delitos.
En respuesta, Rocha Moya solicitó licencia al Congreso de Sinaloa, aprobada el 2 de mayo por unanimidad. Yeraldino Bonilla asumió como gobernadora interina. La FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidieron pruebas a Estados Unidos para evaluar juicio de procedencia (proceso constitucional para desafuero de gobernadores).
La Embajada de Estados Unidos en México respaldó la acusación el miércoles, destacando sobornos y apoyo político a cambio de protección al Cártel de Sinaloa. Peña de la Peña, secretario general de Gobierno de Sinaloa, calificó el caso como agravio a mexicanos.
Reacciones políticas y oposición en el Congreso
La oposición celebró las acusaciones. La senadora panista Lily Téllez señaló que Estados Unidos nombra directamente a mafiosos de Morena. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, solicitó comparecencia de Rocha Moya ante la Comisión Permanente y pidió colaboración de la FGR con autoridades estadounidenses.
Expertos como Javier Hurtado afirman que la licencia permite investigación formal por la FGR sobre vínculos con crimen organizado. Si Estados Unidos entrega pruebas sólidas, inicia juicio de procedencia en el Congreso de la Unión.
La organización Defensorxs detectó irregularidades en informes de ingresos y gastos de campaña de Rocha Moya para 2021, como omisiones, falta de comprobantes y egresos sin contratos, según dictamen consolidado. Esto refuerza señalamientos de financiamiento ilícito por narco políticos.
Otros imputados incluyen a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; y exdirectores de Policía de Investigación que presuntamente filtraban operativos y protegían cargamentos. No hubo captura institucional en Sinaloa, según la acusación.
Implicaciones legales y electorales a largo plazo
Los cargos en Estados Unidos conllevan penas de 40 años mínimo a cadena perpetua para Rocha Moya. Incluyen conspiración para importación de narcóticos y posesión de dispositivos destructivos. Autoridades creen que reside en México.
En México, la FGR enfrenta denuncias previas desde 2021 sin avances, según víctimas de secuestro. Defensorxs busca investigación integral para identificar responsabilidades en la elección 2021 de Sinaloa, marcada por presunta intervención delictiva (injerencia criminal en comicios, conocida como narcoelección).
El caso involucra a Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante policial de Culiacán, señalado por secuestro y muerte de fuente de la DEA. Dámaso Castro Zaávedra recibía 11 mil dólares mensuales por protección, según fiscales neoyorquinos.
La querella amplía a legisladores y exalcaldes electos con apoyo de Los Chapitos. Si prospera, podría invalidar mandatos y reconfigurar poder político en Sinaloa. La FGR debe atraer casos para evitar extradiciones masivas.
Antecedentes de nexos entre política y crimen en Sinaloa
La elección 2021 vio presunto robo de urnas el 6 de junio, donde Rocha Moya perdía inicialmente. Policía estatal ignoró denuncias en casillas. Esto facilitó triunfo de Morena en gubernatura y múltiples cargos locales.
Quirino Ordaz, ahora embajador en España, figura en la denuncia por nexos previos. Inzunza, senador, y Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, enfrentan cargos similares. La red incluye fiscalía y seguridad pública permeados por delincuencia organizada.
En paralelo, PAN impulsa juicio político contra Maru Campos en Chihuahua por agentes extranjeros, contrastando casos. En Sinaloa, interinazgo de Bonilla genera tensiones de seguridad en Culiacán. Amenazas de tiroteo en escuelas Sinaloa suman 11 casos, reflejando inestabilidad.
Defensorxs insiste en enjuiciar narcopolíticos localmente. Su plataforma recolecta evidencias ciudadanas para fortalecer carpeta. Esto podría derivar en reformas electorales para prevenir injerencia criminal en Sinaloa y México.
La Rubén Rocha Moya denuncia FGR marca hito en lucha contra nexos políticos-crimen. En Cambio Diario sigue estos desarrollos clave en seguridad y elecciones. Comparte tu opinión en comentarios y suscríbete para más actualizaciones sobre justicia en México.