El presidente Andrés Manuel López Obrador ha extendido la fecha de entrega del proyecto del Tren Maya a una empresa paraestatal militar hasta el 12 de septiembre. Además, ha aclarado que las zonas arqueológicas y sus centros de atención a visitantes estarán bajo el control del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
En un movimiento que modifica significativamente el panorama inicial, el Ejecutivo ha derogado el decreto del 31 de agosto de 2023, que establecía el 31 de diciembre de ese año como la fecha límite para la transferencia del proyecto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a la empresa del Ejército, denominada Tren Maya S.A.
El nuevo decreto no solo ajusta las fechas, sino que también redistribuye las responsabilidades entre cuatro dependencias y paraestatales diferentes relacionadas con el proyecto del Tren Maya.
Según la nueva disposición, los militares tendrán la asignación y operación del Tren, así como de los seis hoteles en construcción en distintos puntos del recorrido, aunque estos últimos estarán bajo el control de GAFSACOMM, una paraestatal distinta a Tren Maya S.A. que también opera 12 aeropuertos.
Por otro lado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) se encargará de todos los inmuebles expropiados para la vía de comunicación, debido a que se trata de bienes nacionales.
El INAH, por su parte, asumirá el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y los centros de atención a visitantes, un aspecto que no estaba contemplado en el decreto anterior de 2023.
Aunque los militares han estado involucrados en el proyecto del Tren Maya desde al menos enero de 2022, es en el Presupuesto de Egresos de 2024 donde la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibe fondos específicos para el proyecto, incluyendo 120 mil millones de pesos para concluir la obra y 5 mil 674 millones de subsidio para Tren Maya S.A., además de los recursos que reciba un fideicomiso que concentra el pago de turistas extranjeros por ingresar al país, que ya superaba los 8 mil millones de pesos en enero.
Sin embargo, el nuevo decreto deja a Fonatur a cargo de varios asuntos pendientes, como litigar decenas de amparos contra el proyecto, atender observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, así como supervisar la ejecución de la obra y los pagos correspondientes.
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