El Poder Judicial de la Federación (PJF) rentó un edificio en Tabasco al empresario local Jorge Amílcar Olán Aparicio. El primer contrato, firmado en 2018, estableció una renta mensual superior a los 650 mil pesos.
El edificio en Tabasco de Poder Judicial está ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, en el Complejo Urbanístico Tabasco 2000, Villahermosa. En ese inmueble operan los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del PJF.
El contrato inicial tuvo una vigencia de 57 meses, es decir, casi cinco años. El monto total por ese periodo alcanzó más de 40 millones de pesos. El acuerdo se realizó a través del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El documento se firmó el 1 de mayo de 2018 en Villahermosa. El inmueble tiene 2 mil 265 metros cuadrados distribuidos en seis plantas y 28 cajones de estacionamiento. La renta base era de 650 mil pesos, más 52 mil 570 pesos por cuota de mantenimiento, dando un total de 702 mil 570 pesos mensuales.
Durante los primeros tres meses no se cobró la renta. El Consejo de la Judicatura realizó trabajos de adaptación en el edificio en Tabasco de Poder Judicial, y ese gasto se compensó con la exención del pago.
El 30 de octubre de 2019 se firmó una modificación al contrato en la Ciudad de México. A partir del 1 de mayo de ese año, la renta mensual aumentó a 715 mil 568 pesos, incluyendo ya la cuota de mantenimiento.
En los primeros nueve meses de arrendamiento, previos al aumento, el PJF pagó al menos 6 millones 323 mil 138 pesos. En los 48 meses posteriores, del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023, se desembolsaron otros 34 millones 347 mil 288 pesos.
La suma total pagada durante los primeros cinco años asciende a 40 millones 670 mil 427 pesos. Sin embargo, los registros de transparencia muestran variaciones y reportan cantidades de entre 48.8 y 54.8 millones de pesos para ese mismo periodo.
Los representantes del CJF que firmaron el contrato de 2018 fueron Miguel Francisco González Canudas, Salvador Robles Cruz y Alfredo Jesús Arriaga Uribe. La modificación de 2019 fue avalada por Alejandro Ríos Camarena Rodríguez, Rodrigo de Zulueta Rodrigo y Adrián Valdés Quirós.
Ríos Camarena fue acusado en 2021 por irregularidades en contrataciones del CJF, con señalamientos de sobrecostos de hasta el 30 por ciento. La Fiscalía General de la República lo exoneró en 2022 por falta de pruebas. De Zulueta Rodrigo fue señalado por una investigación de EL PAÍS como parte de una trama de lavado de dinero.
El contrato original establecía como fecha de término el 30 de abril de 2023. Una cláusula permitía la continuación por tiempo indeterminado si el Consejo seguía usando el inmueble. El Órgano de Administración Judicial, que sustituyó al CJF, informó que en mayo de 2023 se firmó un convenio modificatorio para extender el arrendamiento hasta el 31 de marzo de 2025.
Posteriormente, el 31 de diciembre de 2025 concluyó otro contrato. El 1 de enero de 2026 se suscribió un tercer contrato. El órgano no detalló si hubo cambios en el monto mensual pagado por el edificio en Tabasco de Poder Judicial. Tampoco precisó las nuevas cifras de renta.
La Administración Regional evalúa desde hace varios meses una posible reubicación. El objetivo es conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o mayor espacio, según informó la propia institución.
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