El gobierno federal puso en marcha la consulta pública del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, un instrumento que se desprende de la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada hace aproximadamente un año. La medida obligaría a las empresas de radio y televisión a contar con una persona defensora de las audiencias. Se presentó durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nuevos derechos de las audiencias en TV y radio en otras palabras.
El ejercicio de consulta, que corre del 27 de julio al 21 de agosto, fue diseñado para recoger observaciones tanto de los concesionarios del sector —radiodifusión, televisión y audio restringido— como de la ciudadanía que consume sus contenidos. La responsabilidad de conducir el proceso recae en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el órgano que sustituyó al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Nuevos derechos de las audiencias en TV y radio: Qué buscan los nuevos lineamientos
De acuerdo con lo expuesto en la conferencia presidencial, el documento traza la ruta para que los derechos de las audiencias dejen de ser una aspiración normativa y se conviertan en preceptos aplicables en la práctica cotidiana de los medios electrónicos. Entre esos derechos se ubica el de recibir información veraz y oportuna, lo que se traduce en una obligación explícita para los concesionarios: evitar la difusión de contenidos falsos, descontextualizados o material histórico presentado como si fuera actual.
El anteproyecto también persigue que las audiencias puedan distinguir con claridad entre información periodística y opinión, así como identificar cuándo un contenido corresponde a publicidad y cuándo se trata de material informativo, científico o educativo.
Obligaciones para concesionarios y programadoras
Los lineamientos son obligatorios para los concesionarios de radio y televisión abierta, quienes operan servicios de audio de paga y para empresas programadoras. A partir de su entrada en vigor, todas las estaciones deberán emitir un código de ética propio y designar formalmente a una persona defensora de audiencias, figura encargada de atender las quejas del público.
El mecanismo contempla una ruta de queja específica: la defensoría tendrá un máximo de 20 días para atenderla y, en caso de no hacerlo, el caso podría derivar en sanciones para el concesionario. La norma también prevé, entre otros puntos, garantizar accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y asegurar representaciones visuales respetuosas e inclusivas en los contenidos.
La postura presidencial: autorregulación antes que multas
Aunque la ley contempla explícitamente el tema de las sanciones económicas, la presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que ese no es el objetivo central del esquema. La mandataria explicó que se trata, ante todo, de impulsar un proceso de autorregulación en el que son las propias empresas quienes designan a su defensor de audiencias y emiten su código de ética.
Bajo ese esquema, cuando una persona presenta una queja, la intención es que el defensor pueda exponerla dentro de la programación de radio o televisión correspondiente, de manera que la respuesta se dé primero puertas adentro. La multa, insistió la presidenta, quedaría reservada como última instancia del procedimiento.
Sheinbaum Pardo precisó además el alcance de la regulación: la comisión reguladora tiene competencia sobre concesionarios de radio y televisión, por lo que la prensa escrita queda fuera de este proceso específico. Sobre las plataformas digitales, indicó que su eventual inclusión se evaluará en su momento, “si es necesario o no”.
Antecedentes: de la Cofetel al IFT y la nueva CRT
La discusión sobre los derechos de las audiencias no es nueva en el marco regulatorio mexicano. Estos derechos quedaron reconocidos desde la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, aunque durante años carecieron de un mecanismo plenamente accionable para hacerlos valer. El organismo que históricamente vigiló al sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se creó en 2013 como sustituto de la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), fundada en 1996. Ese IFT operó hasta la reforma más reciente, que dio paso a la actual Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un órgano desconcentrado con autonomía técnica encargado de administrar el espectro radioeléctrico y de regular a la industria de telecomunicaciones y radiodifusión en el país.
Cómo participar en la consulta
El anteproyecto puede consultarse y comentarse a través del portal oficial de la CRT, donde cualquier persona física o moral interesada: concesionarios, especialistas, organizaciones civiles, instituciones académicas o público en general puede remitir sus observaciones antes de que concluya el plazo. Una vez cerrado el periodo de consulta, la comisión integrará las aportaciones recibidas para someter la versión final del instrumento a la aprobación de su pleno y proceder a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.