La SCJN declara inconstitucional la verificación de identidad por parte del SAT a petición de empresas privadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha invalidado el artículo 17-F del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual permitía al Servicio de Administración Tributaria (SAT) verificar la identidad de las personas físicas a solicitud de empresas privadas. La decisión se tomó con ocho votos a favor y tres en contra, argumentando que esta práctica violaba la privacidad de los datos personales y la información biométrica de los contribuyentes.
El artículo en cuestión permitía a las empresas solicitar al SAT la verificación de la firma electrónica de un causante, utilizando su base de datos que incluye información biométrica. Sin embargo, la SCJN consideró que esta disposición otorgaba al SAT acceso a datos personales sin el consentimiento de los titulares y sin una finalidad constitucionalmente válida.
El ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, destacó que el servicio de verificación de identidad se prestaba sin el consentimiento de los titulares de la información y sin que se condicionara su uso para fines legítimos y legales. Esta situación contravenía la reserva de los datos personales de los ciudadanos, tal como se estableció en un caso anterior relacionado con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
La ministra Loretta Ortiz Ahlf agregó que el manejo de información biométrica de los contribuyentes vulneraba la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como los derechos humanos a la privacidad, intimidad y protección de datos personales.
El ministro Luis María Aguilar Morales también respaldó la invalidez del artículo, argumentando que no se puede permitir que el SAT entregue información personal o datos biométricos a terceros sin una justificación adecuada y proporcional.
Con esta decisión, la SCJN establece límites claros en el manejo de datos personales y refuerza la protección de la privacidad de los ciudadanos, evitando que el SAT verifique la identidad de los contribuyentes a petición de empresas privadas sin un fundamento legal sólido y sin el consentimiento correspondiente.
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