Una jueza de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra la exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, por su presunta participación en irregularidades en la asignación de contratos públicos. El monto señalado por la Fiscalía asciende a casi mil millones de pesos, correspondientes a recursos destinados a programas sociales durante la administración panista de Francisco García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, la exfuncionaria no fue ingresada a un centro penitenciario debido a que cuenta con un amparo federal vigente que, por el momento, frena cualquier orden de aprehensión o ingreso a prisión. La resolución judicial fue emitida tras una audiencia inicial que se extendió por cerca de nueve horas, en la que el Ministerio Público presentó los elementos que motivaron la solicitud de prisión preventiva.
La audiencia se había pospuesto en dos ocasiones anteriores luego de que la defensa presentara certificados médicos que justificaban las ausencias. En esta tercera fecha, el juzgado de control dio paso a la imputación formal dentro de la carpeta de investigación 733/2025. La representación social argumentó que existen indicios suficientes para sostener la medida cautelar más grave, al considerar que la libertad de la exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas representa un riesgo para la investigación.
La jueza de control aceptó el planteamiento del Ministerio Público y dictó la prisión preventiva justificada. No obstante, al momento de hacer pública la decisión, la jueza aclaró que el amparo federal del que goza Abdala Carmona impide ejecutar la medida cautelar de manera inmediata. Esta herramienta legal mantiene a la exfuncionaria en libertad, al menos hasta que el amparo sea revisado o resuelto por un tribunal colegiado.
La defensa legal de la exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas solicitó la duplicidad del término constitucional, un recurso que permite ampliar el plazo para preparar su estrategia procesal. Este movimiento otorga a los abogados de la imputada más tiempo para analizar las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y presentar sus propios argumentos. La continuación de la audiencia fue fijada para el próximo 1 de julio a las 13:00 horas, fecha en la que el juzgado determinará si la exfuncionaria es vinculada o no a proceso penal.
Al concluir la sesión judicial, la exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas se mostró serena y dispuesta a enfrentar el procedimiento legal. Declaró que este tipo de situaciones forman parte del ejercicio de la función pública y que no es la primera vez que acude a una audiencia de esta naturaleza. Señaló que está habituada a largas jornadas de trabajo y que asume el proceso con responsabilidad, al tiempo que reconoció que la política implica enfrentar momentos adversos.
Abdala Carmona fue titular de la Secretaría de Bienestar Social durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, periodo en el que se habrían otorgado contratos millonarios sin los procedimientos establecidos por la ley. La Fiscalía de Tamaulipas inició la investigación después de que la Auditoría Superior del Estado detectara inconsistencias en la documentación de los convenios firmados con proveedores y organizaciones civiles.
Los contratos señalados están relacionados con la ejecución de programas asistenciales y de infraestructura básica, especialmente en zonas marginadas de Tamaulipas. De acuerdo con las indagatorias, algunos de los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin licitación pública, y con montos que superan los techos permitidos para ese tipo de asignaciones. Además, se encontraron diferencias entre los bienes y servicios entregados y lo que reflejan los pagos realizados con recursos estatales.
La carpeta de investigación 733/2025 ha sido integrada con dictámenes periciales, testimonios y documentación recabada durante más de un año de trabajo de campo. La Fiscalía considera que los presuntos ilícitos podrían configurar los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado, dependiendo de la calificación final que haga el juzgado en la audiencia de vinculación.
El amparo federal que protege a la exfuncionaria fue otorgado en marzo pasado, luego de que su defensa argumentara que existían vicios de procedimiento en las órdenes de aprehensión previas. Dicho amparo no impide que el proceso continúe, pero sí evita que se ejecute cualquier medida privativa de la libertad mientras los tribunales federales resuelven si los actos reclamados son constitucionales.
Este es el tercer intento de la Fiscalía de Tamaulipas por avanzar en el caso, después de que las dos audiencias previas fueron reprogramadas por razones médicas alegadas por la defensa. La audiencia del próximo 1 de julio será decisiva para determinar si existen méritos suficientes para llevar a la exsecretaria de Bienestar de Tamaulipas a un juicio oral. De ser vinculada a proceso, el caso podría derivar en una pena que, por el monto involucrado, sería considerada como delito grave.
Mientras tanto, la exfuncionaria permanece en libertad, aunque sujeta a las restricciones que impone la medida cautelar modificada por el amparo, como la presentación periódica ante el juzgado y la prohibición de salir del país. También se le retuvo su pasaporte y se le impuso un depósito económico como garantía de su comparecencia a los actos procesales.
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