El Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán (TAAM) dictó una sentencia que inhabilita por 20 años al diputado morenista de Michoacán, Juan Carlos Barragán Vélez, para ocupar cargos públicos. La resolución, emitida por la Primera Sala del tribunal, lo responsabiliza por el desvío de 5.6 millones de pesos ocurrido en 2018, cuando Barragán se desempeñaba como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH). Además de la inhabilitación, se le ordenó reintegrar la totalidad del monto al gobierno estatal.
El expediente PRA-0011/2025-I detalla que los recursos desviados pertenecían al programa Beca Futuro, un esquema de apoyo social para estudiantes. La investigación, iniciada por el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar (SEDEBI) —antes SEDESOH—, determinó que los fondos fueron entregados a diversas personas sin que mediara la autorización del Comité Técnico encargado de validar dichos apoyos. Esta irregularidad administrativa derivó en el proceso sancionador que ahora concluye con la inhabilitación del legislador.
El diputado morenista de Michoacán se ha caracterizado por ser una de las voces más críticas dentro de su partido hacia el gobierno estatal encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla. Precisamente, Barragán buscaba participar en el proceso interno de Morena para obtener la candidatura a la presidencia municipal de Morelia. Sin embargo, la resolución del TAAM frena automáticamente esa aspiración, ya que la inhabilitación lo excluye de cualquier puesto de elección popular o designación gubernamental por las próximas dos décadas.
El tribunal no solo sancionó al diputado morenista de Michoacán, sino que también extendió penalidades a dos exfuncionarios de la SEDESOH. María Teresa Madrigal Alanís, quien fungía como directora de Desarrollo de la Economía Social, y Gerardo García Ambriz, delegado administrativo, también fueron inhabilitados para el servicio público, aunque el fallo no especifica el tiempo de sus sanciones. Ambos están vinculados a los mismos hechos por su participación en la ejecución de los recursos públicos sin los procedimientos legales establecidos.
El desvío de 5.6 millones de pesos corresponde a recursos etiquetados para apoyos educativos que debían beneficiar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. La entrega de estos fondos sin la revisión del Comité Técnico violó las reglas de operación del programa y activó las alarmas de los órganos fiscalizadores. La sentencia del TAAM considera que Barragán Vélez, como responsable máximo de la dependencia en ese momento, tenía la obligación de garantizar la correcta aplicación de los recursos y no lo hizo.
La inhabilitación impide al diputado morenista de Michoacán participar en cualquier función pública, lo que incluye su actual curul en el Congreso local. La sentencia deberá ejecutarse una vez que quede firme, lo que implicará su salida del cargo legislativo. Hasta el momento, Barragán no ha emitido una postura pública sobre el fallo, aunque fuentes cercanas señalan que su equipo jurídico analiza la posibilidad de interponer recursos legales para impugnar la determinación.
Este caso se suma a una serie de sanciones contra funcionarios de la administración estatal anterior por mal manejo de recursos públicos. El gobierno de Ramírez Bedolla ha impulsado revisiones a fondo de las cuentas de ejercicios pasados, lo que ha derivado en múltiples procedimientos ante el TAAM. El desvío en SEDESOH es uno de los más relevantes por el monto y por el perfil político del involucrado, quien mantenía una fuerte presencia en la dirigencia estatal de Morena.
La resolución del tribunal sienta un precedente en Michoacán al aplicar una sanción severa por irregularidades en programas sociales. Los especialistas en derecho administrativo señalan que la inhabilitación de 20 años es una de las penas más altas contempladas en la ley para este tipo de faltas graves. La decisión refuerza el mensaje de que los funcionarios que desvíen recursos destinados a sectores prioritarios enfrentarán consecuencias proporcionales a la gravedad de sus actos. Queda pendiente la notificación formal al Congreso local para que se proceda conforme a la normativa aplicable.
Mantente actualizado con las noticias más relevantes en En Cambio Diario.