Ciudad de México, 15 de agosto de 2026. Veinticuatro gobernadoras y gobernadores afines al movimiento de la Cuarta Transformación, junto con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, firmaron un pronunciamiento conjunto la noche del 14 de agosto para respaldar, sin nombrarlo directamente, a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que el gobierno de Estados Unidos le canceló su visa un día antes.
La cancelación de la visa y la carta a Trump
López Beltrán, quien encabezó la Secretaría de Organización de Morena entre octubre de 2024 y mayo de 2026, informó desde Teapa, Tabasco, que había recibido la notificación de que Estados Unidos le retiró el permiso migratorio. Atribuyó la decisión al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau.
En respuesta, difundió una carta abierta dirigida al presidente Donald Trump en la que calificó la medida como un acto de motivación política, sin respaldo legal ni evidencia en su contra. Acusó a los funcionarios estadounidenses de actuar con métodos de intimidación y les atribuyó vínculos con intereses económicos ajenos al interés público. También cuestionó a Trump sobre si estaba al tanto de la medida y sugirió que, de no existir una justificación, debería remover a los responsables.
El caso se suma a una lista de más de 50 políticos mexicanos, en su mayoría de Morena, a quienes Washington ha revocado la visa desde 2025, entre ellos las gobernadoras y gobernadores Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Alfonso Durazo, de Sonora. El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha detallado los motivos de estos casos, que mantiene bajo reserva. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el retiro de visas a funcionarios mexicanos como una forma de injerencia y pidió que, de existir señalamientos, se presenten las pruebas correspondientes ante las autoridades. Su postura puede consultarse en su cuenta oficial en X.
El desplegado de los gobernadores por la soberanía nacional
Un día después del anuncio, el 14 de agosto, los mandatarios estatales de la Cuarta Transformación difundieron un documento dirigido “al pueblo de México” en el que se definieron como herederos de un movimiento surgido de la organización popular y la lucha social. Sin mencionar a López Beltrán por su nombre, el texto denunció una nueva ola de señalamientos contra el movimiento y advirtió que quienes en el pasado estuvieron vinculados con corrupción o crimen organizado carecen de autoridad moral para cuestionarlo.
Los firmantes se comprometieron a no ceder ante presiones ni campañas de desinformación y reivindicaron el derecho de México a decidir su propio destino sin injerencia extranjera. El comunicado cierra con una advertencia sobre el juicio de la historia hacia quienes consideran traidores a la patria, en referencia velada a los responsables de la cancelación de visas.
Entre los firmantes figuran Marina del Pilar Ávila (Baja California), Clara Brugada (Ciudad de México), Delfina Gómez (Estado de México), Alfonso Durazo (Sonora), Rocío Nahle (Veracruz) y Layda Sansores (Campeche), entre otros veinte mandatarios estatales. Morena también emitió mensajes de respaldo desde sus bancadas legislativas, y el pronunciamiento fue replicado por gobernadores en sus propias cuentas de Facebook e Instagram institucionales.
El papel de Andrés Manuel López Beltrán dentro de Morena
Durante su gestión al frente de la Secretaría de Organización, López Beltrán impulsó una afiliación masiva de nuevos militantes y una estructura territorial que, según reportes periodísticos, le dio influencia sobre las bases del partido y sobre algunos gobiernos estatales a través del control del padrón. Tras dejar el cargo en mayo de 2026 para buscar una diputación federal por Tabasco rumbo a 2027, mantuvo actividad política en distintos estados, lo que derivó en fricciones internas dentro del movimiento y en críticas de la oposición sobre presuntos vínculos con irregularidades, mismas que él ha rechazado sistemáticamente calificándolas de campañas de desprestigio.
Alcance de este episodio
El respaldo de los gobernadores tiene, hasta ahora, un carácter simbólico y político: refuerza el discurso de soberanía frente a Washington sin implicar una defensa legal formal. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Embajada de Estados Unidos en el país se han limitado a señalar que los expedientes de visas son confidenciales. El episodio profundiza la tensión retórica entre ambos países en momentos en que la administración estadounidense mantiene acciones contra funcionarios mexicanos señalados por corrupción o vínculos con el crimen organizado.
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