ALMOLOYA DE JUÁREZ, EdoMex. — Un mandato judicial no ejecutado ha puesto de manifiesto las hondas fracturas dentro del aparato de procuración de justicia en México. Tras la reciente vinculación a proceso de Fernando Farías Laguna por delitos vinculados al crimen organizado y contrabando de combustibles, la controversia se centra en la alegada incapacidad institucional para citar a declarar al exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del CEFERESO 1 Altiplano, la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega avaló la petición defensiva para requerir el testimonio del almirante en retiro. Sin embargo, los ministerios públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) notificaron la imposibilidad de formalizar el citatorio bajo el argumento de no contar con un domicilio registrado para su localización.
Deficiencia de notificación y estatus procesal en el Altiplano
El abogado defensor Epigmenio Mendieta cuestionó la postura del Ministerio Público Federal, señalando que resulta inverosímil la falta de datos de ubicación de quien encabezó las fuerzas navales del país. La defensa insiste en que las dependencias federales y los organismos de seguridad social militar poseen registros suficientes para cumplir con la notificación ordenada por la juzgadora.
Fernando Farías Laguna fue entregado a las autoridades mexicanas el pasado 21 de agosto de 2026, luego de ser expulsado de Argentina por irregularidades migratorias. Su detención previa en Buenos Aires se logró mediante la cooperación con Interpol, tras detectar el uso de documentación apócrifa. Actualmente permanece en prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Las imputaciones de la fiscalía sostienen que tanto Fernando como su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna —recluido desde septiembre de 2025—, encabezaban una red articulada para el ingreso ilícito de hidrocarburos a través de aduanas marítimas, simulando la importación de aditivos para evadir la carga tributaria correspondiente.
Contradicciones institucionales y la cadena de mando
El desarrollo del caso ha expuesto discrepancias operativas y narrativas entre la Presidencia de la República, el ministerio público y los actos asentados en las carpetas de investigación. Mientras reportes oficiales previos sugerían que la cúpula naval había dado aviso sobre anomalías aduanales en años anteriores, constancias integradas a los expedientes señalan la ausencia de una querella formal firmada por la anterior gestión militar.
Por su parte, familiares e integrantes de la defensa sostienen que mandos superiores tuvieron conocimiento oportuno de las irregularidades reportadas en las aduanas navales. Testimonios presentados por la representación legal señalan que se buscó informar directamente a la alta dirección de la Secretaría de Marina para deslindar responsabilidades operativas antes de que iniciaran las aprehensiones federales.
Asimismo, la defensa del vicealmirante Manuel Roberto solicitó desde mediados de 2026 el testimonio del exfuncionario naval para acreditar que las alertas de seguridad habían sido elevadas a la superioridad, diligencia que no llegó a consumarse por la falta de localización del testigo.
Qué implica esto para el sistema de justicia
Desde la perspectiva del derecho procesal penal en el Gobierno de México, la comparecencia de un testigo admitido por el juez de control constituye un elemento probatorio sustancial para el debido proceso. Especialistas en derecho constitucional han manifestado que la omisión en la localización de un exservidor público de alto nivel genera vacíos que impactan el equilibrio entre las partes procesales.
Las investigaciones de gabinete continúan rastreando movimientos patrimoniales y transferencias financieras asociadas a las empresas fachada utilizadas en el esquema de hidrocarburos. No obstante, la defensa adelantó que en las próximas etapas procesales insistirá en la vía judicial para requerir la presencia de los testimonios clave que permitan esclarecer el flujo de información en la cadena de mando aduanal.
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