FGJEM vincula a proceso a 28 funcionarios por presunta red de “aviadores” en escuelas mexiquenses

Toluca, Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, hasta el momento, son 28 los servidores públicos vinculados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y fraude, luego de que una investigación ministerial detectara un presunto esquema que permitió colocar a personas sin funciones reales en plazas docentes para desviar sus salarios. De acuerdo con la fiscalía mexiquense, la red operaba desde dentro del propio gobierno estatal y habría utilizado claves escolares inactivas o inexistentes para simular contrataciones.

Un daño patrimonial que supera los 96 millones de pesos

Según precisó la institución, el perjuicio económico contra las arcas estatales asciende a 96 millones de pesos únicamente en el periodo comprendido entre enero de 2025 y febrero de 2026. Sin embargo, el Ministerio Público indicó que existen elementos para sostener que la red habría estado activa desde 2021, por lo que el monto total del posible desfalco podría ser considerablemente mayor una vez que avance la investigación.

El esquema, de acuerdo con la fiscalía, se cree la red era liderada por un exfuncionario identificado como Óscar N., quien ocupó la Dirección General de Personal durante la administración del entonces gobernador priista Alfredo del Mazo y posteriormente fue promovido a la Subsecretaría de Administración. Las autoridades señalaron que la mayoría de sus presuntos cómplices también provenía del área administrativa de la Secretaría de Seguridad estatal, donde habrían coincidido antes de replicar el modelo en otras dependencias.

Cómo operaba el presunto fraude en la nómina educativa

De acuerdo con la reconstrucción de la FGJEM, el grupo diseñó una plataforma interna propia para dar de alta a trabajadores en la nómina del gobierno estatal, evadiendo así los controles convencionales de contratación. Para lograrlo, habrían establecido una coordinación con personal de la Secretaría de Educación, lo que permitió inscribir a supuestos docentes que, según la fiscalía, no acreditaban los requisitos académicos ni profesionales para ocupar una plaza frente a grupo.

Estas personas estaban en la nómina con sueldos que oscilaban entre 10 mil y 20 mil pesos mensuales. Como parte del mecanismo, se les exigía tramitar una tarjeta bancaria de nómina que después entregaban al grupo de funcionarios señalados. A cambio, los operadores del esquema les entregaban cada quincena una fracción del salario —entre 2 mil y 4 mil pesos—, mientras retenían el resto de los recursos depositados por el gobierno estatal, práctica que la propia fiscalía describió coloquialmente como “ordeñar” la nómina.

La investigación documentó que el beneficio de los implicados no se limitó a las más de 450 plazas simuladas. Los funcionarios también se adjudicaron varias bases laborales con remuneraciones cercanas a los 50 mil pesos mensuales cada una, mantenidas mediante licencias que, de acuerdo con la fiscalía, presentaban irregularidades y se utilizaron como una vía para acumular antigüedad con fines de jubilación.

Viajes al extranjero y un expediente de más de 12 mil fojas

Como parte de las líneas de investigación patrimonial, la FGJEM advirtió que los servidores públicos señalados registraron viajes frecuentes a destinos como Dubái, Egipto, distintos países de Europa e islas del Caribe, desplazamientos que, de acuerdo con la fiscalía, resultarían difíciles de sostener únicamente con los ingresos que percibían de forma oficial.

Hasta ahora, cinco personas señaladas de esta red permanecen prófugas, luego de que promovieron juicios de amparo para frenar posibles órdenes de aprehensión en su contra, un recurso legal frecuente en México cuando existe riesgo de vinculación a proceso. El expediente integrado por el Ministerio Público consta de 30 tomos y supera las 12 mil fojas, lo que refleja la magnitud de la pesquisa.

Los “aviadores” en el servicio público mexicano

El término “aviador” se utiliza en México desde hace décadas para describir a personas que reciben un salario público sin desempeñar funciones reales, una práctica que distintas administraciones estatales y federales combaten mediante auditorías a nóminas y digitalización de procesos de contratación. Casos similares se han documentado previamente en los sectores salud y educativo de otras entidades del país, lo que ha llevado a organismos de fiscalización a exigir controles más estrictos sobre las claves presupuestales y las plazas docentes.

El caso se da además en un momento de relevo político en la entidad: el Estado de México pasó, a partir de 2023, de una gestión encabezada por el priismo —partido que gobernó la entidad durante casi un siglo— a una administración morenista. Ese cambio de gobierno ha derivado en la apertura de distintas indagatorias sobre el manejo de recursos durante sexenios anteriores, en las que este presunto esquema de plazas simuladas se suma a la lista de casos bajo revisión.