MÉRIDA / SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / ZINACANTÁN.– El feminicidio de Makala Marie Pendley, ciudadana estadounidense que viajó a México con sus siete hijos para escapar de la violencia familiar, derivó en un operativo binacional que permitió localizar con vida a las niñas y los niños, pero también expuso graves omisiones en los mecanismos de protección a mujeres migrantes en el país.
Feminicidio de madre estadounidense exhibe omisiones en México
Autoridades de Chiapas confirmaron la identidad de Makala Marie Pendley como la mujer hallada sin vida el 8 de junio de 2026 en un paraje conocido como Lambo Bajo, a la entrada del municipio tzotzil de Zinacantán. La Fiscalía General del Estado informó que, tras la necropsia, se determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico provocado por golpes con un arma corto‑contundente, por lo que se activó el protocolo de feminicidio.
El fiscal estatal precisó que, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, se confirmó que la víctima era originaria de Indiana y contaba con reporte de desaparición en aquel país desde el 23 de febrero de 2026, junto con sus siete hijos. Esos antecedentes coincidían con las fichas emitidas por el National Center for Missing & Exploited Children, que describían a una madre joven y a siete menores de entre uno y doce años.
Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales catearon un inmueble en el barrio de Fátima, en San Cristóbal de Las Casas, donde localizaron a las niñas y a los niños sanos, aunque en situación de vulnerabilidad. La fiscalía indicó que las y los menores quedaron bajo resguardo institucional mientras se coordinan las gestiones con la embajada estadounidense para que familiares asuman su cuidado.
El principal sospechoso del crimen es Joseph “N”, expareja de Makala y también ciudadano estadounidense, detenido en San Cristóbal de Las Casas. El fiscal general señaló que, con base en testimonios, peritajes y antecedentes de violencia, el Ministerio Público solicitará una pena ejemplar que podría alcanzar hasta 100 años de prisión.
Alertas previas en Yucatán
La historia de Makala y sus hijos con autoridades mexicanas no comenzó en Chiapas, sino en Yucatán. En agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública yucateca informaron sobre el rescate de siete niñas y niños que se encontraban solos en una vivienda del fraccionamiento Solana de Tixcacal, en Mérida. Posteriormente, se confirmó que se trataba de los hijos de la mujer estadounidense.
En aquella ocasión, las dependencias estatales precisaron que intervinieron tras recibir reportes de abandono y presunto riesgo para los menores, lo que derivó en una investigación sobre la situación familiar y en la intervención de autoridades de protección a la infancia. Versiones difundidas por medios locales señalaron que Makala había denunciado violencia familiar y desaparición de sus hijos, por lo que buscó apoyo de instituciones mexicanas.
Pese a esas alertas, la mujer continuó en un contexto de vulnerabilidad. Organizaciones y especialistas consultados en otras coberturas han advertido que los casos de mujeres migrantes o extranjeras que huyen de violencia de pareja suelen quedar atrapados entre la burocracia migratoria y la fragmentación de las competencias entre fiscalías estatales. En este caso, los registros en Yucatán no impidieron que meses más tarde Makala terminara asesinada en Chiapas.
Violencia feminicida y mujeres migrantes
El feminicidio de Makala se suma a una larga lista de asesinatos de mujeres en México, un país que desde hace años enfrenta una crisis de violencia de género documentada por organismos internacionales. Según análisis recientes, la condición de persona extranjera y migrante agrava la vulnerabilidad, porque las mujeres suelen carecer de redes de apoyo, desconocen el idioma o el sistema de justicia, y temen a las repercusiones migratorias de denunciar.
Instituciones como ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han insistido en la necesidad de protocolos especializados para atender a mujeres en movilidad, incluyendo refugios, asesoría legal y coordinación transfronteriza en casos de violencia familiar. El expediente de Makala pone a prueba la capacidad de las autoridades mexicanas y estadounidenses para garantizar justicia, proteger a las niñas y los niños sobrevivientes y reparar, en alguna medida, el daño causado.
Mientras avanza el proceso penal contra Joseph “N”, la atención se centra en el futuro de los siete menores y en la forma en que los dos países coordinarán su protección a largo plazo. Activistas han llamado a que el caso no quede reducido a un expediente más y que sirva para revisar los protocolos de atención a mujeres que llegan a México huyendo de la violencia doméstica.