La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre una presunta red de extorsión en verificentros abrió una arista política por los antecedentes partidistas de Raúl Piña Horta, uno de los dos exfuncionarios vinculados a proceso.
Piña Horta fue secretario particular de Jorge Emilio González Martínez, conocido como el “Niño Verde”, diputado federal y miembro de órganos internos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Junto con Carlos Eduardo Solares Vega, enfrenta un proceso por los presuntos delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad. Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación.
Hasta ahora no existe una determinación judicial que establezca la participación de Jorge Emilio González o del PVEM en el presunto esquema de cobros ilegales.
¿Quiénes son los funcionarios vinculados a proceso?
Raúl Piña Horta se desempeñaba como director general de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México.
Antes de incorporarse al gobierno mexiquense, desarrolló parte de su trayectoria política en el PVEM. Además de haber sido legislador federal, fungió como secretario particular de Jorge Emilio González.
El segundo procesado es Carlos Eduardo Solares Vega, quien ocupaba la Dirección de Control de Emisiones a la Atmósfera dentro de la misma dependencia.
Piña Horta fue detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que Solares Vega fue capturado en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.
Una jueza del distrito judicial de Chalco consideró que los datos aportados por el Ministerio Público eran suficientes para vincularlos a proceso. Esta determinación no representa una sentencia y ambos deberán ser considerados inocentes mientras no exista una resolución condenatoria.
Exigían cuotas de hasta 250 mil pesos mensuales
De acuerdo con la carpeta de investigación, la presunta red operaba al menos desde diciembre de 2023 y estaría conformada por funcionarios, exservidores públicos y particulares.
Los concesionarios de verificentros presuntamente eran obligados a entregar cuotas mensuales de entre 100 mil y 250 mil pesos para continuar operando.
En caso de negarse, habrían enfrentado inspecciones, suspensiones, cierres remotos del sistema, retrasos en la entrega de hologramas y obstáculos para renovar sus autorizaciones.
La Fiscalía también investiga cobros adicionales por cada línea de verificación y por otros trámites relacionados con el funcionamiento de los establecimientos.
Buscaban obtener más de 430 millones de pesos
La investigación señala que en marzo de 2026 Piña Horta presuntamente envió un mensaje en el que exigía 500 mil pesos por cada línea para obtener las revalidaciones de funcionamiento autorizadas desde 2024.
En el Estado de México operan 878 líneas distribuidas en 163 verificentros. Solamente mediante este cobro, la estructura habría pretendido reunir más de 430 millones de pesos, adicionales a las cuotas mensuales.
El expediente también menciona a Carlos Eduardo Solares como una figura encargada de presionar a concesionarios para devolver revalidaciones ya autorizadas. De acuerdo con la Fiscalía, quienes se resistían eran advertidos de que debían “atenerse a las consecuencias”.
Automovilistas habrían terminado pagando las cuotas
La presión económica no habría afectado exclusivamente a los propietarios de los verificentros.
Para cubrir los cobros presuntamente exigidos por la red, algunos establecimientos habrían trasladado el costo a los conductores mediante los llamados “pagos por brincos”.
Estas cantidades, de entre 300 y mil pesos, presuntamente permitían evitar multas cuando un vehículo no aprobaba las pruebas ambientales o acudía a verificar fuera del plazo establecido.
La FGJEM investiga si las atribuciones de los funcionarios fueron utilizadas para simular procedimientos administrativos, retirar concesiones o apoderarse de infraestructura perteneciente a los establecimientos.
Vínculo con el “Niño Verde” abre línea política
La detención de Piña Horta adquirió relevancia política por su cercanía histórica con Jorge Emilio González. Fuentes citadas en publicaciones periodísticas aseguran que ambos mantienen una relación personal desde hace varios años.
Empresarios del sector también habían denunciado previamente que las exigencias económicas se presentaban como supuestas instrucciones provenientes del entorno del dirigente del Partido Verde.
Una de las líneas difundidas públicamente plantea la posibilidad de que parte del dinero estuviera destinado a financiar estructuras o actividades políticas relacionadas con el PVEM. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido acreditada judicialmente.
Tampoco se ha demostrado que Jorge Emilio González haya ordenado los cobros, participado en la estructura o recibido recursos. El vínculo comprobable hasta este momento es la trayectoria política de Piña Horta dentro del Partido Verde y su antiguo cargo como colaborador cercano del “Niño Verde”.
La investigación continúa abierta y las autoridades buscan determinar la participación de otros servidores públicos, exfuncionarios y particulares.
