El gobierno de Estados Unidos revocó de manera discreta las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal Anaya, ambos del partido Morena. Así lo reveló el diario Los Angeles Times, que citó investigaciones estadounidenses contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. La cancelación de las visas no les impide del todo el ingreso a territorio estadounidense.
Pese a la revocación de las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, ambos mandatarios continúan entrando a Estados Unidos mediante un permiso especial. Ese mecanismo se llama “libertad condicional por beneficio público significativo”. Suele utilizarse para personas que colaboran con las autoridades o participan como testigos en investigaciones. El diario estadounidense precisó que ambos gobiernos estatales rechazaron los señalamientos.
El Gobierno de Sonora calificó como “completamente falsa” la información publicada. La titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, aseguró que el gobernador cuenta con una visa vigente. Añadió que Durazo no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de Estados Unidos. El gobierno estatal rechazó categóricamente cualquier señalamiento sin sustento.
El Gobierno de Tamaulipas también rechazó las acusaciones contra Américo Villarreal. Calificó los señalamientos como falsos y de enorme gravedad, al no existir una sola prueba que los respalde. El coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, argumentó que no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado. Señaló que nadie puede convertir rumores o especulaciones en hechos.
Según las fuentes citadas por Los Angeles Times, la visa de Alfonso Durazo fue cancelada desde el año pasado. El gobernador de Sonora enfrenta actualmente una investigación por presuntos vínculos con el crimen organizado. Durazo viaja con regularidad a Estados Unidos para recibir atención médica especializada. Lo hace bajo el esquema migratorio del permiso especial. Las autoridades estadounidenses le permiten el ingreso pese a la cancelación de su visa.
En el caso de Américo Villarreal, la investigación estaría relacionada con el contrabando de combustible robado. Esa actividad ilícita se conoce como huachicol. Fuentes cercanas al caso señalaron al diario que el mandatario tamaulipeco también cuenta con el mismo permiso especial para ingresar a Estados Unidos. Al cruzar la frontera, suele ser acompañado por funcionarios estadounidenses. Ese acompañamiento refuerza la versión de que colabora con las autoridades.
Tamaulipas es una entidad fronteriza con Texas. Históricamente ha sido un punto estratégico para el tráfico ilegal de combustible entre ambos países. Varios exgobernadores del estado han sido investigados por presuntos vínculos con grupos criminales. El contexto actual agrava la presión sobre Villarreal. La revelación sobre la revocación de las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas se produce en medio de una creciente presión de la administración del presidente Donald Trump contra funcionarios mexicanos presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado estas acciones. Las ha calificado como una injerencia en los asuntos internos de México. También las considera una violación a la soberanía nacional. Hasta el momento, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Embajada de Estados Unidos en México han emitido una postura oficial sobre el caso. Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas mantienen su rechazo a lo publicado por el diario Los Angeles Times.
El permiso especial de “libertad condicional” permite el ingreso a Estados Unidos incluso sin visa vigente. Se otorga por razones humanitarias o de beneficio público significativo. En estos casos, suele aplicarse a personas que cooperan con investigaciones judiciales o que fungen como testigos. Ni Durazo ni Villarreal han explicado públicamente por qué viajan bajo ese esquema. La polémica continúa mientras ambos gobiernos exigen pruebas de las acusaciones.
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