El presidente de Brasil y candidato a la reelección de cara a las elecciones de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que no intervendrá para proteger al hijo de Lula da Silva, Fabio, si se determina que cometió algún delito. La investigación en su contra es por presunta corrupción y tráfico de influencias.
En una entrevista emitida a última hora del jueves por la cadena Globo, el mandatario señaló que no es fiscal, ni policía ni juez. Si Fabio cometió algún delito, tendrá que pagar por ello como cualquier otro ciudadano brasileño.
No obstante, Lula apuntó que está seguro de que será declarado no culpable. Añadió que esperará a ver qué sucede y que la Presidencia de la República no hará lo más mínimo por proteger a su hijo.
¿Qué investiga la Policía Federal sobre el hijo de Lula da Silva?
La Policía Federal investiga una presunta red de tráfico de influencias y corrupción centrada en la empresaria Roberta Luchsinger. Se le atribuye la sospecha de malversar fondos del Instituto Nacional de la Seguridad Social e irregularidades en contratos para el Ministerio de Salud.
El caso salpica a Fabio Lula da Silva, conocido como Lulinha, y al empresario Antonio Carlos Camilo Antunes. Durante la investigación se detectaron presuntos pagos de Luchsinger al exjefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Ribeiro Santana, conocido como Marcola.
A cambio, la empresaria habría enviado propuestas comerciales directamente al Palacio de Planalto para acelerar trámites ante los ministerios. Lulinha aparece como presunto nexo político en esa cadena.
Los investigadores deberán determinar si el hijo de Lula da Silva utilizó su influencia para facilitar reuniones sobre un contrato de cannabis medicinal para el Ministerio de Salud. El dato se relaciona con un viaje que Lulinha hizo a Portugal junto a Camilo Antunes en noviembre de 2024.
¿Qué admitió Lula sobre su exjefe de gabinete?
Lula reconoció en la entrevista que su exjefe de gabinete cometió un error grave. Aceptar que Luchsinger pagara algunos de sus gastos personales, como facturas o cuotas de préstamos, genera desconfianzas dentro del Palacio de Planalto.
El presidente cuestionó si hay pruebas de que se trate de fondos públicos. Ahí, dijo, reside el delito.
La distinción entre recursos privados y recursos públicos fue el eje de esa parte de la entrevista. Lula no negó el error de Marcola al permitir el pago de gastos personales.
Al mismo tiempo, separó esa conducta de la presunta responsabilidad penal de su hijo. Reiteró que la Presidencia no intervendrá para protegerlo.
¿Cómo queda el caso rumbo a la elección de octubre?
Lula es candidato a la reelección. La entrevista se produjo en plena campaña y con la investigación federal abierta.
El mandatario insistió en que Fabio deberá responder como cualquier ciudadano si se acredita un delito. También expresó confianza en un resultado de no culpabilidad.
La Policía Federal mantiene la pesquisa sobre la red que gira en torno a Luchsinger. El expediente incluye contratos del INSS, el Ministerio de Salud y presuntos contactos con Planalto.
El viaje a Portugal de noviembre de 2024 es uno de los hechos que los investigadores deben esclarecer. Se analiza si sirvió para facilitar reuniones sobre cannabis medicinal.
Luiz Inácio Lula da Silva, a través de su cuenta Lula Oficial, encabeza la campaña de reelección del PT. En Globo fijó distancia institucional respecto de la causa de su hijo.
El Palacio de Planalto es la sede presidencial citada en la investigación. Según la Policía Federal, Luchsinger habría canalizado propuestas comerciales hacia esa oficina.
La Polícia Federal conduce la pesquisa por presunto tráfico de influencias y corrupción. El hijo de Lula da Silva y Camilo Antunes figuran entre los nombres que salpica el expediente.
Lula evitó pronunciarse como juez del caso. Limitó su papel al de presidente y padre, y remitíó la responsabilidad a fiscalía, policía y jueces.
El error grave que atribuyó a Marcola se centra en gastos personales cubiertos por la empresaria. El presidente condicionó la existencia de delito a que se pruebe el uso de fondos públicos.
La red investigada combina presunta malversación en el INSS e irregularidades en contratos de salud. Lulinha es señalado como posible nexo político, no como titular de esos contratos.
El mandatario pidió esperar el resultado de la investigación. La Presidencia, dijo, no hará lo mínimo para proteger a Fabio.
Con esa declaración, Lula intentó separar la campaña de reelección del expediente penal. El hijo de Lula da Silva permanece bajo la lupa de la Policía Federal a meses de la elección de octubre.
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