Representantes de colectivos de familias de víctimas reprocharon al Estado mexicano su falta de atención eficiente ante la crisis de desapariciones y los asesinatos de buscadores, en especial de mujeres. Durante un acto en el Museo Memoria y Tolerancia, integrantes del colectivo Hasta Encontrarte señalaron que las autoridades no han resuelto el problema de fondo.
Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte, expuso que las familias enfrentan una doble amenaza: “si no nos mata el crimen organizado, nos mata la depresión y las enfermedades”. Sus palabras resumen el desgaste emocional y físico de quienes buscan a sus seres queridos sin respaldo institucional.
En el auditorio del museo, los familiares colocaron mantas con las imágenes de sus seres ausentes. Mendoza lamentó que no exista un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la emergencia humanitaria.
Mendoza criticó la realización de mesas de trabajo “improvisadas” con autoridades gubernamentales. Afirmó que no todos los colectivos fueron escuchados durante la discusión de las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición, aprobadas el año pasado.
También recriminó que, tras la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas por parte del gobierno federal –que identificó 46 mil 742 casos sin datos suficientes para la búsqueda–, no hay claridad sobre el destino de esos expedientes. La incertidumbre profundiza el sufrimiento de miles de familias.
El informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que México enfrenta “una grave crisis” de desaparición y de identificación humana de cuerpos bajo custodia del Estado. Tras escuchar el diagnóstico, otros colectivos cuestionaron a la CIDH sobre cómo monitoreará el cumplimiento de sus 40 recomendaciones.
Grace Fernández, quien busca a su hermano Dan Jeremeel –desaparecido en Torreón, Coahuila, en 2008–, señaló que una vez que la Comisión tenga una idea clara de cómo trabajar, deberá iniciar diálogo con las víctimas para bajar los acuerdos a los estados. La implementación local sigue siendo un pendiente mayúsculo.
Valentina Peralta, de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, cuestionó la falta de actuación de los gobiernos estatales. Preguntó directamente: “¿Dónde están para que respondan?”. Su reclamo refleja la impunidad y el abandono que persisten en varias entidades.
Durante la presentación del informe, los familiares lanzaron consignas entre las que destacó: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. El grito retumbó en el recinto como un recordatorio de que la lucha continúa mientras haya desaparecidos sin localizar.
El colectivo Hasta Encontrarte insistió en que el Estado mexicano debe pasar del discurso a los hechos. La falta de coordinación, la negligencia en el registro de personas y la ausencia de protocolos efectivos mantienen a miles de familias en un limbo de dolor y desesperación.
Las organizaciones exigen que las próximas reformas legales incluyan su voz. Piden también que los recursos destinados a búsqueda sean suficientes y que se proteja a quienes buscan, pues al menos 30 buscadores han sido asesinados en lo que va del sexenio, según cifras de colectivos.
Mientras no haya respuestas, los familiares continuarán organizándose por su cuenta. La crisis de desapariciones en México ya supera los 112 mil casos reportados oficialmente, aunque las cifras reales podrían ser mayores. La presión social y los llamados del colectivo Hasta Encontrarte mantienen viva la exigencia de justicia.
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