El patrimonio de Carlos Ulloa, director general de Birmex y funcionario cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, quedó bajo escrutinio después de que se revelara que adquirió dos departamentos pagados de contado por un total de 22 millones 450 mil pesos. Ante los cuestionamientos, el funcionario aseguró que los inmuebles están incluidos en sus declaraciones patrimoniales y que puede acreditar el origen de los recursos utilizados para adquirirlos.
Ulloa difundió una nota aclaratoria en la que explicó que su patrimonio se construyó a lo largo de casi tres décadas de actividad profesional tanto en el sector público como privado. Según su versión, los recursos utilizados para las operaciones inmobiliarias provienen de sus ingresos, ahorros, venta de propiedades y herencias familiares recibidas aproximadamente hace 20 años.
La explicación coloca el caso en un punto central: haber declarado los bienes no significa por sí mismo que exista una irregularidad, pero tampoco elimina la necesidad de conocer cómo se integraron los recursos utilizados para adquirirlos.
¿Cuánto dinero pagó Carlos Ulloa por sus departamentos?
La información que generó la controversia señala que Carlos Ulloa adquirió dos departamentos por 22.45 millones de pesos, ambos mediante operaciones de contado.
El primer inmueble fue adquirido el 24 de febrero de 2020. Se trata de un departamento de 123 metros cuadrados cuyo valor reportado fue de 7 millones 450 mil pesos.
En ese momento, Ulloa se desempeñaba como secretario particular de Claudia Sheinbaum, quien entonces era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
La segunda operación ocurrió el 11 de diciembre de 2023, cuando Ulloa encabezaba la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. El inmueble fue reportado con un valor de 15 millones de pesos y también habría sido pagado de contado.
En conjunto, las dos propiedades representan operaciones por más de 22 millones de pesos.
El patrimonio de Carlos Ulloa y la diferencia con su salario
Uno de los elementos que alimentó la discusión pública es la diferencia entre el valor de los inmuebles y los ingresos salariales reportados durante esos años.
La información difundida sobre el caso señala que el salario neto más elevado de Ulloa durante ese periodo rondaba los 100 mil pesos mensuales.
A partir de esa cifra se planteó la interrogante sobre cuánto tiempo habría requerido para reunir el dinero necesario para adquirir las propiedades si únicamente se tomaran en cuenta sus ingresos laborales.
Sin embargo, esa comparación tiene una limitación importante.
El propio Ulloa sostiene que su patrimonio no depende exclusivamente de su salario como funcionario público. De acuerdo con su explicación, también cuenta con recursos derivados de propiedades anteriores, ahorros acumulados durante décadas y herencias familiares.
Por ello, la diferencia entre salario y valor de los inmuebles no constituye por sí misma una prueba de una operación irregular.
La pregunta que permanece abierta es si todos esos recursos pueden ser documentados y vinculados de manera verificable con las adquisiciones.
¿Qué otros bienes tiene Carlos Ulloa?
Los cuestionamientos sobre el patrimonio de Carlos Ulloa no se limitan a los dos departamentos.
En la información difundida también aparecen bienes muebles y otros activos.
Entre ellos se encuentran joyas heredadas con un valor declarado de un millón de pesos, además de muebles y accesorios adquiridos de contado por aproximadamente 1.5 millones de pesos.
El funcionario también reportó cuatro cuentas bancarias y dos tarjetas de crédito.
Estos elementos forman parte de la información patrimonial que debe ser considerada para analizar de manera completa la situación económica del funcionario.
La existencia de bienes de alto valor tampoco constituye automáticamente una irregularidad. Lo relevante en una revisión patrimonial es determinar si los activos y operaciones cuentan con respaldo documental y si existe congruencia entre el patrimonio declarado y las fuentes legítimas de ingreso.
Los viajes internacionales también generan preguntas
El segundo elemento de la controversia son los desplazamientos internacionales registrados por Ulloa.
Entre abril de 2022 y abril de 2026 aparecen 19 movimientos migratorios.
Es importante precisar que un movimiento migratorio no necesariamente representa un viaje completo, ya que los registros de entrada y salida pueden contabilizarse de manera independiente.
Los desplazamientos incluyen destinos como Nueva York, Miami, Montreal, Madrid, Roma, Londres y Medellín.
Ante los cuestionamientos, Ulloa explicó que algunos de estos viajes tuvieron carácter oficial y otros correspondieron a vacaciones o periodos de descanso.
Según su versión, los viajes privados fueron cubiertos con recursos propios.
¿Cuáles viajes fueron oficiales?
Ulloa mencionó entre sus actividades oficiales una invitación financiada por el Banco Mundial, relacionada con intercambios entre autoridades sanitarias de México, Reino Unido, Dinamarca y Francia.
También señaló un viaje a Brasil realizado junto con funcionarios de la Secretaría de Salud para abordar asuntos relacionados con la producción de biológicos y transferencia tecnológica.
La explicación busca establecer una diferencia entre los desplazamientos relacionados con sus funciones públicas y aquellos realizados de manera particular.
Piden investigar el patrimonio de Carlos Ulloa
Las explicaciones del director de Birmex no terminaron con la controversia.
Legisladores de oposición solicitaron que distintas instituciones revisen la información relacionada con el patrimonio de Carlos Ulloa.
Diputados del PAN plantearon la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Por su parte, el PRI anunció que buscaría la comparecencia del funcionario.
También hubo legisladoras de oposición que solicitaron que Ulloa se separe temporalmente de su cargo mientras se esclarece el origen de los recursos.
Hasta ahora, estas solicitudes representan peticiones de revisión e investigación, no una resolución que determine que el funcionario haya cometido un delito.
Birmex también enfrenta cuestionamientos
El caso del patrimonio de Carlos Ulloa adquiere mayor relevancia por la situación que atraviesa Birmex.
La empresa estatal se encuentra bajo revisión de autoridades debido a señalamientos relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones.
Entre los asuntos difundidos públicamente aparece la participación de empresas relacionadas societariamente con compañías que previamente habían enfrentado sanciones administrativas.
También se han señalado contratos millonarios dentro del sector salud.
Es importante separar ambos asuntos: las investigaciones sobre contratos de Birmex no demuestran por sí mismas que Carlos Ulloa haya cometido una irregularidad patrimonial.
La eventual responsabilidad tendría que determinarse mediante investigaciones y procedimientos correspondientes.
¿Qué tendría que aclarar Carlos Ulloa?
El punto principal no consiste únicamente en saber si los departamentos aparecen en su declaración patrimonial.
La pregunta de mayor interés es cómo se integraron los recursos que permitieron realizar las compras de contado.
Para ello, una eventual revisión podría considerar documentos relacionados con la venta de propiedades, herencias, declaraciones fiscales, movimientos financieros, ingresos laborales y cualquier otra fuente de recursos señalada por el funcionario.
La explicación ofrecida por Ulloa establece cuatro fuentes principales: ingresos profesionales, venta de propiedades, herencias y ahorros.
El análisis institucional tendría que determinar si existe documentación suficiente que permita comprobar esas fuentes y establecer una relación clara con las operaciones inmobiliarias.
El caso también tiene una dimensión política
La controversia ocurre además en un momento particularmente sensible para el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Carlos Ulloa mantiene una relación política de varios años con la presidenta, debido a que ocupó distintos cargos durante su administración en la Ciudad de México antes de llegar a Birmex.
Por esa razón, cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio tiene una dimensión política adicional.
El gobierno de Sheinbaum ha colocado la austeridad, la transparencia y la responsabilidad en el servicio público como elementos centrales de su discurso.
En ese contexto, los bienes de funcionarios de alto nivel son observados con especial atención cuando existen diferencias importantes entre los ingresos públicos y las operaciones patrimoniales realizadas.
Sin embargo, también resulta necesario distinguir entre una duda legítima que debe ser investigada y una acusación que todavía no ha sido acreditada.
¿Qué se sabe hasta ahora del patrimonio de Carlos Ulloa?
Hasta ahora, los elementos conocidos permiten establecer que Ulloa reconoce la existencia de los dos departamentos y sostiene que ambos forman parte de sus declaraciones patrimoniales.
También afirma que puede justificar el origen de los recursos mediante una combinación de ingresos, ahorros, herencias y operaciones inmobiliarias anteriores.
El monto de las dos adquisiciones asciende a 22 millones 450 mil pesos.
Los cuestionamientos surgieron principalmente por el contraste entre ese monto y los ingresos salariales que tenía como funcionario.
A ello se suman los registros de movimientos migratorios internacionales entre 2022 y 2026.
La oposición busca que instituciones fiscalizadoras y financieras revisen la información.
Hasta que esas instancias determinen alguna responsabilidad, no puede afirmarse que las operaciones sean ilegales únicamente por el valor de los inmuebles o por haber sido pagados de contado.
El punto central de la controversia
El debate sobre el patrimonio de Carlos Ulloa terminará dependiendo de la documentación que respalde las fuentes de recursos señaladas por el funcionario.
La declaración patrimonial permite conocer qué bienes reporta un servidor público, pero una revisión financiera puede profundizar en el origen, movimiento y aplicación de los recursos.
Por ello, el caso tiene dos dimensiones diferentes: la primera es política y gira alrededor de la congruencia patrimonial de un funcionario cercano al poder; la segunda es institucional y corresponde a las autoridades determinar si existen elementos que ameriten una investigación formal.
Mientras eso ocurre, los 22.45 millones de pesos pagados de contado por dos departamentos permanecerán como el dato central de una controversia que ahora busca pasar de la discusión pública a una eventual revisión de las autoridades competentes.
