Amparo favoreció a Roberto Borge, restituyendo bienes
Un juez federal ordenó restituir la posesión y disfrute de inmuebles y vehículos confiscados a Roberto Borge Angulo, como parte de uno de los procesos penales que enfrenta desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos.
Un amparo del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Quintana Roo favoreció al ex mandatario al ordenar liberar un aseguramiento precautorio decretado por el Juez de Control de los Juzgados de Control y Tribunales de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, el 2 de octubre de 2019.
La sentencia del juicio de garantías con número de expediente 27017732 fue dictada el 22 de abril pasado contra la “orden de aseguramiento, confiscación, retención, desposesión, decomiso, embargo tipo preventivo o cualquier acto tendiente a restringir, limitar, inhibir, interrumpir o de cualquier manera impedir el uso, goce o disfrute sobre bien inmueble materia de la litis”.
El 22 de septiembre de 2020, Borge Angulo reclamó medidas cautelares ante la falta de emplazamiento, llamamiento y/o notificación al procedimiento de origen, y sus consecuencias entre las que se encuentran, entre otras, la orden de embargo dictada en la carpeta administrativa 159/2017, respecto a diversos bienes inmuebles y vehículos.
En la resolución judicial que concedió la protección legal se ordenó al Juez de Control de Chetumal para que “una vez hecho lo anterior, deberá comunicar de inmediato dicha determinación a las autoridades ejecutorias de la misma, para que se proceda a la cancelación material de dicha providencia precautoria”, la cual causó ejecutoria el pasado 11 de mayo.
Sin que en la sentencia fueran mencionados los bienes patrimoniales o los vehículos que fueron restituidos, la carpeta administrativa que se invoca corresponde a la venta irregular de 18 predios de la reserva territorial del estado, con la que supuestamente el político habría favorecido a sus familiares y conocidos.
La vinculación a proceso del caso 159/2017 tiene que ver por su presunta responsabilidad en la venta irregular de terrenos por dos mil 510 millones 232 mil 744 pesos, sin que cumpliera su responsabilidad legal de salvaguardar los bienes del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado.
El presunto delito de peculado se habría configurado luego de la comercialización de los predios en los municipios de Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Tulum, Bacalar y en la capital Chetumal.
Como parte del mismo juicio que se mantiene activo, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado interpuso un recurso de revisión contra la sentencia desde el pasado 20 de mayo.