El decomiso del superpetrolero venezolano Skipper, con más de un millón de barriles de crudo con destino a la isla, es ya en el símbolo más reciente de la estrategia de presión de Estados Unidos sobre Caracas y La Habana. Washington confisca combustible a Cuba.
Washington confisca combustible a Cuba: el caso del Skipper
La maniobra, Washington confisca combustible a Cuba que transportaba el buque Skipper, que quedó bajo control de fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela. Según reportes internacionales, la nave formaba parte de una red de suministro que, desde hace años, sostiene una porción clave del consumo de combustible de la isla.
En el marco de los acuerdos energéticos entre Caracas y La Habana. Washington argumenta que el petrolero tiene sanciones y está vinculado a esquemas ilícitos de transporte de crudo. Por dicha razón, su carga se confiscó y se redirigió a puertos estadounidenses. La operación se presenta como un “golpe ejemplar” a las finanzas venezolanas y al apoyo energético a Cuba. Hay diversos analistas advirtiendo el porqué de Washington confisca combustible a Cuba como parte de una estrategia de máxima presión sostenida.
Reacción de La Habana y acusaciones de “piratería”
En Cuba, la respuesta oficial resultó inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, a través de comunicados y declaraciones, calificó el decomiso como un “acto de piratería” y un nuevo capítulo de la “guerra económica” contra la isla. Desde el Palacio de la Revolución, Miguel Díaz-Canel habló de “terrorismo marítimo” y subrayó que la operación afecta directamente un sistema energético ya deteriorado, marcado por apagones prolongados, escasez de combustible y un transporte público al límite.
Para el gobierno cubano, la confiscación no solo refuerza el cerco económico, sienta un precedente peligroso: una potencia se arroga la facultad de interrumpir el flujo de recursos entre países en aguas internacionales.
Venezuela y la disputa por la soberanía energética
En Caracas, el discurso es igual de crítico. Autoridades venezolanas han denunciado que el Skipper transportaba petróleo dentro de un marco de acuerdos soberanos con Cuba y que el cargamento no se dirigía al mercado estadounidense. Entonces, la operación es extensión extraterritorial del poder de Washington sobre las rutas marítimas regionales. Esto impacta directamente la capacidad de exportación de Venezuela.
Voces especializadas alertan de que el decomiso del buque puede disuadir a navieras y aseguradoras de participar en futuros envíos de crudo hacia la isla, encareciendo costos y elevando riesgos en cada operación. En un momento en que Venezuela busca recomponer su industria petrolera, la acción se lee como un mensaje directo a cualquier actor que mantenga vínculos con su sector energético.
Impacto en la población cubana y el tablero regional
Más allá de la disputa diplomática, el golpe se siente con fuerza en la vida cotidiana cubana. Cada envío perdido significaría menos margen para generar electricidad, abastecer el transporte y sostener la actividad productiva en medio de una crisis económica prolongada. La dependencia estructural del petróleo venezolano convierte la confiscación del Skipper en un eslabón más de una cadena de vulnerabilidades que ya se traducen en largas jornadas sin luz y en una movilidad interna cada vez más precaria.
En el ámbito regional, la medida refleja la política de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Aplica un doble rasero: mientras se estrangula el flujo de crudo hacia La Habana, otros aliados con cuestionados historiales democráticos operan sin temor a que sus buques sean detenidos en alta mar.
Para críticos de la estrategia estadounidense, el caso del Skipper confirma que el pulso por el control energético del Caribe se libra también en los corredores marítimos donde se define quién puede, y quién no, mover su petróleo.
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