Estados Unidos amplió a ocho el número de organizaciones criminales mexicanas clasificadas formalmente como terroristas, tras incorporar al Cártel de Juárez y a Los Viagras a esa categoría. La medida, confirmada esta semana, se suma a la ofensiva legal y financiera que el gobierno de Donald Trump mantiene contra el crimen organizado mexicano desde el año pasado.
Qué decidió Washington y cuándo entró en vigor
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), actualizó su lista de personas y entidades sancionadas para incluir a ambas organizaciones. El anuncio se conoció el miércoles 15 de julio y quedó formalizado al día siguiente, jueves 16 de julio de 2026, con la publicación correspondiente en el Registro Federal estadounidense.
La designación se aplicó bajo dos figuras jurídicas distintas pero complementarias: la de Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), a cargo del Departamento de Estado, y la de Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), administrada por el Tesoro. Ambas categorías ya se habían utilizado contra otros cárteles mexicanos desde inicios de 2025, cuando la administración Trump designó a los primeros seis grupos. Con estas dos incorporaciones más, la lista alcanza ya ocho organizaciones mexicanas bajo estatus terrorista.
Hasta antes de esta decisión, ambos cárteles figuraban únicamente como “personas extranjeras” vinculadas al narcotráfico internacional, una categoría con alcances legales más limitados que la de terrorismo.
Quiénes son el Cártel de Juárez y Los Viagras
El Cártel de Juárez es una de las organizaciones criminales más antiguas de México. Nació a finales de la década de 1980 y alcanzó su mayor poder en los años noventa bajo el mando de Amado Carrillo Fuentes, apodado “El Señor de los Cielos”. Durante décadas ha mantenido presencia en Chihuahua y control sobre uno de los cruces fronterizos más relevantes del centro del país: Ciudad Juárez, colindante con El Paso, Texas. Autoridades estadounidenses vinculan a esta organización con células como La Línea y Barrio Azteca.
Los Viagras, por su parte, es un grupo con base en Michoacán que surgió hace poco más de una década, tras el movimiento de autodefensas que se levantó en esa entidad. La OFAC lo describe como una organización dedicada al tráfico de metanfetamina y cocaína, además de estar señalada por disputas violentas por el control territorial, extorsión y cobro de piso. En los últimos años, el grupo ha sido vinculado a alianzas cambiantes con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los principales responsables del suministro de fentanilo hacia Estados Unidos, según ha indicado el propio Tesoro estadounidense.
Con estas dos nuevas designaciones, la lista de cárteles mexicanos ya clasificados como terroristas por Washington incluye también al Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste (antes Los Zetas), La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Consecuencias legales y financieras de la designación terrorista
El estatus de FTO y SDGT habilita a las autoridades estadounidenses a congelar de forma inmediata todos los bienes, cuentas y activos financieros de ambas organizaciones que se encuentren bajo jurisdicción de Estados Unidos. Además, prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción con estos grupos.
Uno de los cambios más relevantes es que cualquier persona o entidad que brinde apoyo material, financiero o logístico —de manera consciente— a estas organizaciones podría enfrentar cargos penales bajo legislación antiterrorista, y no únicamente bajo las leyes de narcotráfico que se aplicaban hasta ahora. Esto amplía de forma considerable el margen de acción legal de agencias como el FBI, la DEA y el propio Departamento del Tesoro para perseguir redes financieras, proveedores de armas o intermediarios logísticos vinculados a ambos cárteles.
El secretario de Estado, Marco Rubio, argumentó al solicitar la designación que ambas organizaciones han cometido actos terroristas o representan un riesgo serio de cometerlos, además de amenazar la seguridad nacional, la política exterior y la economía estadounidenses, de acuerdo con lo reportado por medios especializados.
La ofensiva de Trump contra los cárteles
La medida se enmarca en la estrategia que el gobierno de Trump ha desplegado desde 2025 para equiparar la violencia del crimen organizado mexicano con el terrorismo, tanto por su impacto en la crisis de fentanilo en territorio estadounidense como por su capacidad de desestabilización en la región. Washington ha insistido en que estos grupos recurren a métodos propios de organizaciones terroristas —ejecuciones públicas, masacres y amenazas directas a autoridades y población civil— para mantener el control de territorios y rutas de tráfico.
Analistas consultados por medios mexicanos han señalado que estas designaciones también incrementan la presión sobre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en un momento en que ya existen tensiones por casos de funcionarios estatales señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y por la presencia de agentes estadounidenses operando en territorio mexicano. La ampliación de la lista busca, según esa lectura, enviar una señal de mayor presión hacia México y otros países de la región para intensificar acciones conjuntas contra estas estructuras criminales.