Orden de detención contra Evo Morales. El Ministerio Público de Bolivia libró este miércoles 29 de julio de 2026 una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma (2006-2019), esta vez por su presunta responsabilidad en los bloqueos de carreteras que paralizaron al país durante 53 días entre mayo y junio pasados. Con esta medida, dictada en Santa Cruz, Morales acumula al menos dos mandamientos de captura vigentes en su contra, ninguno de los cuales ha sido ejecutado hasta el momento. El exmandatario permanece desde finales de 2024 refugiado en el Trópico de Cochabamba, su histórico bastón cocalero, resguardado por cientos de simpatizantes.
El nuevo proceso por los bloqueos en Santa Cruz
Un fiscal de la unidad anticorrupción de Santa Cruz firmó la orden que instruye a la Policía aprehender a Morales y trasladarlo ante las autoridades competentes. La denuncia que originó la investigación fue presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, organización que reúne a sectores empresariales y sociales de esa región, a la que se sumó posteriormente el Ministerio de Gobierno, cartera boliviana encargada de la seguridad pública.
El requerimiento fiscal imputa a Morales seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La pesquisa también alcanza a otros dos dirigentes sindicales señalados como parte de la movilización.
Los bloqueos que motivaron el proceso se extendieron durante 53 días y fueron impulsados por sectores afines a Morales que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las autoridades bolivianas han señalado pérdidas económicas millonarias, desabastecimiento en distintas regiones y muertes asociadas a la falta de atención médica durante los cortes de ruta.
El caso de trata de personas que lo mantiene refugiado desde 2024
Esta no es la primera orden de captura que enfrenta el exmandatario. Desde octubre de 2024 pesa sobre él un mandamiento de aprehensión por el presunto delito de trata de personas agravada, luego de que la Fiscalía de Tarija lo acusara de haber mantenido una relación con una adolescente de 15 años cuando ejercía la Presidencia, de la cual habría nacido una hija en 2016. El mismo artículo detalla que un juez decretó su arraigo migratorio y el congelamiento de sus bienes, y que en mayo de 2026 un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía por no comparecer al inicio del juicio oral, ratificando así la orden de captura.
El Ministerio Público ha insistido en que ambas órdenes permanecen vigentes y que su ejecución corresponde exclusivamente a la Policía Boliviana.
Evo Morales responde desde el Trópico de Cochabamba
Morales reaccionó horas después de conocerse la nueva orden a través de su cuenta oficial en 𝕏, donde calificó la medida como un intento de responsabilizarlo por movilizaciones sociales para, según indicó, ocultar la crisis económica que atraviesa Bolivia. El exmandatario advirtió que no se dejará intimidar y señaló que continuará “junto al pueblo” en lo que describió como una defensa de la dignidad y la soberanía nacional. Su entorno político ha calificado de manera reiterada estas causas judiciales como una forma de persecución política o “lawfare”, en medio de la fractura del antiguo Movimiento al Socialismo (MAS).
Una ejecución pendiente en medio de riesgos operativos
Pese a la vigencia de ambas órdenes, ningún cuerpo policial ha logrado concretar la aprehensión de Morales. El exmandatario ha aparecido públicamente en distintas ocasiones en el Trópico de Cochabamba, e incluso ha difundido videos conviviendo con agentes de la fuerza antidroga sin ser detenido. Las autoridades han precisado que la decisión sobre el momento del operativo corresponde a la Policía Nacional, que evalúa riesgos para la integridad de sus efectivos ante la presencia de cientos de seguidores que resguardan la zona.
El desenlace de ambos procesos —el juicio suspendido por trata de personas en Tarija y la naciente investigación por los bloqueos en Santa Cruz— continuará marcando la coyuntura política boliviana, en un país que atraviesa tensiones económicas y una disputa abierta entre el nuevo gobierno de Rodrigo Paz y el ala del oficialismo leal al exmandatario.