El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, anticipó que su país anunciará nuevos aranceles de Estados Unidos a unas 60 naciones en los próximos días. La declaración fue realizada este martes durante una entrevista con el canal CNBC.
Los servicios del USTR han puesto en marcha investigaciones sobre ciertas prácticas comerciales, dirigidas en particular al trabajo forzoso. Se espera que las conclusiones de estos análisis se conozcan a lo largo de esta semana.
Estos nuevos aranceles de Estados Unidos deberán remplazar a los impuestos aduaneros temporales de 10 por ciento que fueron instaurados por el presidente Donald Trump. La medida surge tras la invalidación por parte de la Corte Suprema de los recargos establecidos el año pasado.
Jamieson Greer explicó que Estados Unidos cuenta con leyes que prohíben el comercio de bienes producidos con trabajo forzoso. Señaló que otros países, en su mayoría, carecen de una legislación similar o no la aplican de manera efectiva.
El funcionario adelantó que se espera ver algunas acciones en materia arancelaria en un plazo muy corto. La administración estadounidense busca con estas medidas presionar a otras naciones para que adopten estándares laborales más estrictos.
A fines de febrero, la más alta jurisdicción de Estados Unidos anuló buena parte de los aranceles impuestos por el presidente Trump. El tribunal consideró que el mandatario había hecho una lectura anticonstitucional de un texto legal para justificar los recargos.
La decisión judicial no afectó los aranceles sectoriales, que apuntan en particular al sector automotor, el acero, el aluminio y el cobre. Trump anunció entonces nuevos aranceles basándose en otro texto que solo le autorizaba a aplicar este recargo durante un máximo de 150 días.
Paralelamente, el USTR lanzó una serie de investigaciones que, en teoría, le permiten establecer estos impuestos de forma duradera. Estas indagatorias se basan en la misma ley que permite justificar los aranceles sectoriales actualmente vigentes.
A principios de junio, Jamieson Greer propuso, al término de estas investigaciones, aranceles de 12.5 por ciento a unos 45 países. Según sus servicios, esas naciones no imponen prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.
Para las economías que disponen de prohibiciones de este tipo, pero cuyos esfuerzos para aplicarlas se consideran insuficientes por parte de Washington, la administración Trump propone imponer una tasa reducida de 10 por ciento. En este grupo se encuentran Canadá, Ecuador, la Unión Europea, Indonesia, México y Pakistán.
El Reino Unido también recibiría la misma tasa reducida debido a que su prohibición se considera parcial. La diferenciación en los porcentajes refleja la evaluación que el gobierno estadounidense hace del cumplimiento de cada país en materia laboral.
El gobierno estadounidense ya anunció otros nuevos aranceles de Estados Unidos en los últimos días contra naciones específicas. El jueves pasado, Brasil fue sancionado con un gravamen de 25 por ciento sobre una serie de productos.
Washington reprocha a Brasilia la implementación de políticas que, asegura, han afectado especialmente al comercio estadounidense. Greer justificó la medida al señalar que esas políticas redujeron el acceso a uno de los principales mercados de exportación para Estados Unidos.
El lunes de esta semana, Ottawa fue objeto de un recargo adicional de 50 por ciento que entrará en vigor dentro de un mes. La medida fue anunciada como respuesta al trato discriminatorio de Canadá hacia los productos estadounidenses.
Greer explicó que se trata de una respuesta a las medidas de represalia adoptadas por Ottawa tras los primeros aranceles impuestos por Washington en 2025. El funcionario señaló que durante un año han pedido a Canadá que retire, modifique o ajuste esas medidas sin obtener resultados.
La serie de anuncios arancelarios refleja una escalada en la política comercial de Estados Unidos bajo la administración Trump. Los nuevos aranceles de Estados Unidos buscan no solo proteger la industria local sino también presionar a otros países para que modifiquen sus legislaciones laborales y comerciales.
Los sectores empresariales de los países afectados han manifestado su preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en las cadenas de suministro globales. Los analistas advierten que una guerra comercial de esta magnitud podría generar aumentos en los precios al consumidor y desaceleración económica.
La comunidad internacional estará atenta a los anuncios que se realicen en los próximos días. La definición de los países específicos y los porcentajes finales determinarán el alcance real de esta nueva ofensiva arancelaria de Washington.
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