¡Notariado! Unos genios, fedatarios públicos presuntamente ligados al outsourcing
Derivado a la importancia del reportaje de investigación del periodista Jorge Castro, reproducimos íntegro el texto publicado en “Jorge Castro Noticias”. Cancún.- Los tabasqueños Carlos Duprat Hernández y Carlos Sala del Rivero, quienes según una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal operan en Cancún una bien estructurada red de empresas “fantasma” y de ‘outsourcing’ dedicadas a delitos de evasión fiscal y “lavado” de dinero, no sólo tienen a su servicio aviones y yates privados sino que, gracias al poder económico que detentan, se dan el lujo de utilizar, cual si fueran sus empleados, a notarios públicos para legalizar las actividades que realizan. Todo, en un caso que apunta a detonar como la versión cancunense de los “Panamá Papers”.
Con tentáculos en México, Estados Unidos y países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, los “Carlos” son las cabezas visibles en las operaciones del consorcio Business Art Group con sede en Cancún, del cual se presume es socio mayoritario el oaxaqueño Sergio Castro López, considerado el rey de las ‘outsourcing’ en México y quien forma parte de una lista de 150 factureros que están siendo investigados por la UIF y la Procuraduría Fiscal federal por defraudación al fisco con la emisión de facturas falsas y la creación de empresas “fachada”. Se estima que mediante estos métodos, al Gobierno de México las empresas factureras le han robado más de 400 mil millones de pesos cada año.
Una investigación realizada por el portal de noticias JC Digital ha permitido revelar los vínculos entre estos personajes (conocidos por la ostentación que hacen de sus millonarias fortunas) con algunos fedatarios públicos de Quintana Roo, con quienes han tejido una maraña de intereses turbios. Al menos a uno de ellos se le han comprobado actividades fraudulentas para legalizar despojos de propiedades, violaciones flagrantes a la Ley del Notariado y hasta estuvo sujeto a un proceso penal por defraudación fiscal, sin que extrañamente, tal y como marca la norma, se le haya retirado la patente.
NOTARIO 74: VIVIENDO AL LÍMITE
En las primeras horas de la madrugada del 19 de abril de 2018, los vecinos de la exclusiva Supermanzana 15 de Cancún despertaron alarmados por el ruido de ráfagas de armas de fuego. Una residencia, ubicada en la esquina de la avenida Acanceh con calle Miramar, había sido objeto de un atentado a balazos y los autores lograron escapar antes de que la zona se llenara de patrullas.
Minutos después, por las frecuencias radiales de las unidades policíacas se reportaba otro ataque armado, pero esta vez contra un moderno edificio de oficinas en la céntrica avenida Uxmal, en la Supermanzana 3, a unas cuantas cuadras de distancia del Palacio Municipal y la entrada a la zona hotelera de Cancún. En ambos casos, testigos refirieron que sujetos a bordo de motocicletas llegaron y con armas de fuego dispararon contra las fachadas, para huir de inmediato.
No pasó mucho tiempo para identificar al propietario de ambos inmuebles. Se trataba del polémico notario público número 74 del estado de Quintana Roo, Jorge Alberto Galván García, sobre quien pesa hasta la fecha un negro historial de acusaciones por fraude, evasión de impuestos, despojo de propiedades y litigio laboral y fiscal, actividades éstas últimas prohibidas por la Ley del Notariado.
En la residencia de Acanceh, Galván García tenía la sede de su Notaría, en tanto en el edificio de la Uxmal operaba la empresa Empowermen, que se presentaba como “una firma especializada, con más de 20 años de experiencia, en el reclutamiento, selección, administración y empoderamiento del capital humano de las organizaciones”, aunque lo cierto es que se trataba de una ‘outsourcing’ o pagadora, dedicada a expedir facturas falsas a empresarios locales para evadir impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Era el mismo caso de Business Art Gruop de los tabasqueños Carlos Duprat y Carlos Sala, con quienes, revelaron personas que los conocían, compartía cuentas de varios clientes, entre otros negocios que les redituaban cuantiosas ganancias.
Para ese entonces, sobre el que se suponía debía ser un respetable y confiable fedatario público, existía un auto de formal prisión y una orden de aprehensión giradas por un juez penal, derivadas de una investigación por parte de la ex Procuraduría General de la República (PGR) por defraudación fiscal equiparable. Por si fuera poco, se le indagaba también, junto con otros ocho notarios, funcionarios públicos y jueces y abogados corruptos, en un escandaloso caso de simulación de operaciones de compra-venta para apropiarse y vender fraudulentamente 23 departamentos de lujo en un exclusivo condominio de Puerto Cancún.
A decir de las autoridades, en sus inescrupulosas andanzas Jorge Alberto Galván había pisado al parecer un terreno peligroso y afectó intereses de alguien con quien no debía meterse, por lo que le mandaron aquella madrugada ese siniestro “mensaje” de plomo.
“LAVANDO” CON PREMIOS LA ÉTICA
Cinco meses después del atentado contra sus instalaciones, Galván García apareció en un evento en la Ciudad de México. Pero no en calidad de notario, sino como presidente de la empresa Empowerment, la pagadora con la que desfalcaba impuestos a la Federación y al estado de Quintana Roo, para recibir de la dirigencia nacional de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos el “Premio Ética y Valores en la Industria 2018”.
Según el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes Díaz, la entrega de este reconocimiento a Galván tenía como principal objetivo que “su caso de éxito” sirviera de “inspiración” a otras organizaciones para sumarse y fomentar la responsabilidad social empresarial. Por su parte, el galardonado, posando orgulloso con su premio en las manos, dijo que dicha distinción era “una motivación” tanto para él como para los colaboradores y clientes de Empowerment, así como “un referente que nos permite saber que vamos por el camino correcto”.
En inserciones pagadas de la entrega de ese reconocimiento con el que el notario quintanarroense pretendía quizá tranquilizar a los clientes de su poco ético negocio particular, algunos medios publicaron que Empowerment era “uno de los principales activadores de la economía regional a través del fomento del empleo a lo largo de la Riviera Maya”.
Asimismo, señalan aquellas notas, “ha contribuido en gran medida, junto con sus clientes, a la detonación de un significativo número de nuevas fuentes de trabajo en plazas como Ciudad de México, Monterrey, Mérida, Guadalajara, Ciudad Obregón, Puebla y Tijuana, entre otras”.
Y ya como colofón, como cerrojazo con broche de oro a los autoelogios comprados, la publicidad destacaba que Empowermen contaba con la primera certificación en México como empresa participante dentro del programa de Estándares Laborales y Responsabilidad Social Corporativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Tres meses después, vendría la debacle de esa empresa especializada en la ejecución de sistemas para desfalcar impuestos, a la que la Concamin llamó “inspiradora” y poniéndola de ejemplo nacional la premió por su ética y valores, que ya eran casi inexistentes.
ESTALLA EL CASO “MAIORIS TOWER”
En diciembre de ese mismo 2018, luego de más de dos años de litigios legales, las autoridades estatales de Quintana Roo fallaron a favor de la empresa española Maioris de Cancún, S. de R.L. de C.V., desarrolladora del complejo residencial “Maioris Tower” en la exclusiva zona de Puerto Cancún, a quienes una mafia conformada por funcionarios de la administración pasada (del entonces gobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso), notarios públicos, magistrados y abogados corruptos, despojaron de 18 departamentos de lujo y 5 penthouses, con un valor conjunto superior a los 20 millones de dólares.
Todos los fedatarios involucrados en el caso -nueve en total, entre ellos Galván- tenían un común denominador: eran amigos del entonces gobernador “Beto” Borge, o bien aliados a los que recompensó durante su mandato con la entrega de notarías (repartió 34 en total) y quienes posteriormente, en gratitud, se prestarían a una serie de despojos de hoteles, terrenos, residencias y departamentos en zonas de la más alta plusvalía de Tulum, Cancún y Playa del Carmen, considerado el más grande fraude inmobiliario de la historia de Quintana Roo.
Entre el 2011 y 2015, en el período en que Borge gobernó la entidad, decenas de valiosas propiedades fueron arrebatadas a sus legítimos propietarios mediante la ejecución de falsas operaciones de compra-venta, validación de documentos apócrifos y juicios laborales. En el entramado participaron, con el aval del gobernador, la Secretaría General de Gobierno, el Registro Público de la Propiedad, la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como nueve notarios públicos leales al mandatario y quienes fueron comandados en el atraco oficializado por la titular de la Notaría 22 con sede en Isla Mujeres, Yolanda Solís Olveres.
Los representantes de “Maioris Tower” presentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), iniciándose sendas carpetas de investigación en ambas instancias judiciales por fraude, despojo, “lavado” de dinero y delincuencia organizada, en contra de todos los participantes en el millonario fraude inmobiliario, litigio que duró dos años, desde 2016 a 2018.
Finalmente la resolución, favorable a la desarrolladora española, no sólo puso al descubierto la mafia orquestada desde las más altas esferas del poder, sino que exhibió la deshonestidad de los notarios públicos involucrados.
En el caso del número 74, Jorge Alberto Galván, su honestidad ya tenía de por sí varios boquetes previos abiertos y si bien el escándalo no fue suficiente para que el Estado le retirara la patente, sí asestó la estocada final a Empowermen, su lucrativo emporio de ‘outsourcing’ que en medio del descrédito social y la desconfianza de sus clientes tuvo que bajar las cortinas y desaparecer.
A ESCENA, EL DISEÑADOR FRUSTRADO
Luego de las experiencias que lo colocaron al filo de la muerte y de la prisión, primero por los atentados a balazos y después por aparecer como cómplice en el mega fraude a “Maioris Tower”, cualquiera hubiera pensado que Jorge Galván García se concentraría en su Notaría y mantendría un perfil bajo hasta que las aguas se calmaran un poco. Pero no fue así.
El trabajo honesto en una oficina dedicada a dar fe de actos públicos y legalizar documentos no le emocionaba mucho al notario 74, ni tampoco le redituaba las cantidades de dinero que su pagadora le dejaba. Así que decidió volver al negocio, entablando sociedad con sus antiguos amigos tabasqueños, los “Carlos” Duprat y Sala, a quienes les empezó a mandar a sus antiguos clientes a las oficinas de Business Art Group.
Pero como para tener control sobre los negocios que compartían necesitaba tener a alguien de su confianza ahí dentro, Jorge Galván se trajo de Tabasco a su primo José Carlos Galván López, un frustrado estudiante de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Olmeca, de la que desertó con apenas dos años (1994-1996) de estudios transcurridos.
Cabe mencionar que si bien José Carlos no se realizó en la profesión que decidió abrazar en la Universidad, sí lo hizo, sin embargo, en el terreno de la comunicación y las tecnologías de la información, de manera empírica.
En 1998, junto con dos amigos, fundó la empresa P3 con la idea de conformar un despacho de diseño y comunicación especializado en nuevos medios. Operaron con mediano éxito durante cinco años hasta el 2003, cuando decidieron venderla.
Un año después, Galván López, con bastante experiencia adquirida en el medio, funda Citi-Tabasco (Centro Integrador de Tecnologías de Información de Tabasco), el cual se describía en su página web como un “centro integrador de empresas asociadas, bienes y servicios informáticos que promueve el desarrollo del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Tabasco”. Casi al mismo tiempo, creó Fractalia IT Solutions y se erigió como CEO. En la red de perfiles profesionales Linkedin se describe a sí mismo como “experto en desarrollo de software y servicios de tecnologías de información”.
Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), consejero de la Coparmex-Tabasco y consejero nacional de este mismo organismo, fue también responsable del proyecto del primer Parque Tecnológico en Tabasco, ubicado en las instalaciones de Tec Milenio, Campus Villahermosa.
Hoy, José Carlos Galván representa al interior de Bussiness Art Group, ubicada en la Torre Spectrum Corporate Center de Cancún, los intereses de su polémico primo, el notario Jorge Galván García. Sin referir ningún cargo o posición dentro de la misma, en sus tarjetas de presentación sólo aparecen su teléfono, el (993) 1491784 de Tabasco y su cuenta de correo electrónico, [email protected], sin especificar nada más.
Con actividades disfrazadas, enfocadas a la evasión fiscal mediante la expedición de facturas apócrifas y la creación de empresas “fachada” para “lavar” dinero en varios estados del país y en ciudades de Estados Unidos, Cuba, República Dominicana, Panamá y Ecuador, la empresa Business Art Group y sus dos principales operadores, Carlos Duprat Hernández y Carlos Sala del Rivero, están en la mira de Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal.
Ambos han amasado en pocos años una escandalosa fortuna con la que han adquirido propiedades en las zonas más exclusivas de Cancún, manejan autos de las marcas Ferrari, Porsche, Mercedes Benz y BMW, viajan en sus propios jets privados, pasean los domingos en yates de 50 millones de pesos y en un día cualquiera lucen relojes de hasta 300 mil dólares. Junto con sus mujeres y amigos, presumen en Instagram fotos de la opulencia en la que viven y dan cuenta con desparpajo de fiestas y viajes al extranjero.
¿SU PROPIO NOTARIO? ¿POR QUÉ NO?
Dada la mala reputación que le quedó tras los escándalos al notario 74, Jorge Galván, resultaba imposible que sus socios de Business Art Group le enviaran clientes para legalizar las transacciones que hacían, así que decidieron trabajar con otro y escogieron al notario público número 85 de Quintana Roo, Jorge Ulises Bautista Magallón. Pero no precisamente por su trabajo serio y responsable, sino porque todo indica que les resultaba de lo más conveniente y confiable para sus intereses.
Y es que de acuerdo a la investigación realizada por JC Digital, parece ser que los notarios Bautista Magallón y su colega de la 74, Galván García, estaban más que familiarizados con la operación de empresas factureras y negocios “fachada”. A ambos les fueron entregadas sus notarías en el paquete que regaló a sus amigos y cómplices el ex gobernador Roberto Borge y desde entonces han compartido más que experiencias laborales.
En el Listado de Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal de Quintana Roo, Jorge Ulises Bautista Magallón aparece registrado en el domicilio ubicado en la avenida Acanceh, Manzana 2, Lote 3, en la Supermanzana 15 de Cancún… curiosamente en el mismo lugar -o muy próximo- al inmueble de Jorge Galván que fue tiroteado en abril del 2018.
Posteriormente, tras el traslado de la Notaría 74 al edificio de la Supermanzana 3 (que también fue baleado) y el posterior declive de Empowermen, el notario 85 decidió mudar sus oficinas a un mejor lugar. De acuerdo a su página web, la dirección actual está ubicada en la avenida Sayil, Manzana 5, Lote 02, Local 103, en la Torre Spectrum Corporate Center.
Podría haberse tratado de una mera coincidencia que Bautista Magallón escogiera el mismo edificio corporativo donde se encuentran la sede de Business Art Group, a no ser porque en su página de Facebook esta empresa facturera señala exactamente la misma dirección: Avenida Sayil, Manzana 5, Lote 2-103, lo cual indica que el notario público comparte oficinas con la empresa investigada por fraudes fiscales, brindando desde ahí atención personalizada a sus clientes. Un notario privado, con servicio en casa.
OTRO NOTARIO VIOLANDO LA LEY
La presencia de Jorge Ulises Bautista Magallón en Quintana Roo es un tanto incierta y poco se sabe sobre la fecha de su llegada. La Ley del Notariado establece que para obtener una patente notarial el aspirante debe tener como mínimo cinco años de residencia en el estado, pero no hay datos sobre si éste cubrió dicho requisito al recibirla en el 2016.
Hasta el 2010, Bautista Magallón se desempeñaba como abogado en las áreas jurídicas de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en la Ciudad de México, de donde pidió licencia para ingresar como abogado a la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos, igual en la capital del país.
También, figura en esas mismas fechas como proveedor de medicamentos al Seguro Popular de Sonora, donde según el portal de la dependencia en internet se adjudicó junto con sus hermanos varios contratos de proveeduría bajo la razón social Comercializadora de Insumos para la Salud. El futuro notario quintanarroense pegaba duro en varias nóminas.
Estando hoy en día al servicio de una empresa y sus directivos sujetos a una investigación por graves delitos federales, el notario público 85 de Quintana Roo infringe el Artículo 20, Inciso II, del Capítulo Segundo: “Queda prohibido a los notarios intervenir o autenticar actos o hechos cuyo contenido… o cuyo fin sea contrario a la Ley o las buenas costumbres”.
Igualmente, el Artículo 22, Inciso IV: “El notario podrá formar parte de juntas de directores o de administración de personas morales o instituciones, o ser secretario, comisario o consejero jurídico de las mismas, siempre y cuando éstas no tengan fines de lucro”.
Y en Business Art Group, eso es lo que más se hace: lucrar y ganar dinero violando la Ley. Hasta que el brazo de la misma, a través de la UIF, los alcance y los llame a cuentas a todos.
