La excandidata a la gubernatura de Tabasco, Lorena Beaurregard de los Santos, acusó al Gobierno estatal de cobrar a los fraccionamientos y zonas residenciales la suma de 81 mil pesos mensuales por los servicios de seguridad proporcionados por la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC). La denuncia fue realizada a través de su cuenta en la red social X, donde compartió un oficio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en el que se informa a los habitantes de un fraccionamiento sobre el monto mensual por el servicio de vigilancia.
Según el documento, el costo diario por seis rondines con patrulla (en turnos de 12 horas) es de 24 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 2,714.25 pesos al día, lo que da un total mensual de 81,427.50 pesos.
Beaurregard de los Santos cuestionó la política de seguridad implementada por el gobernador Javier May Rodríguez, argumentando que este tipo de cobros solo contribuyen a incrementar la inseguridad, ya que, según ella, la cantidad no refleja un esfuerzo real para combatir los altos índices de delincuencia en el estado. “May no entiende el impacto negativo que está causando con esas medidas y dejando que crezcan los asaltos a comercios, a casa habitación y las extorsiones”, indicó.
La excandidata también criticó que, en lugar de fortalecer la seguridad de los ciudadanos, la administración de May Rodríguez ha implementado medidas que gravan aún más a los empresarios y residentes de fraccionamientos de clase media y alta. Afirmó que desde su llegada al cargo, May Rodríguez instruyó a la Policía Bancaria, Industrial y Comercial para que enviaran cotizaciones por sus servicios de seguridad. “¿Quieren tranquilidad? La tarifa es de 80 mil pesos por seis rondines diarios”, señaló Beaurregard, quien calificó esto como una medida que solo beneficia a la administración sin resolver la creciente violencia en la región.
Además, la excandidata expresó su malestar por los aumentos en impuestos, como el 40% en el impuesto sobre nómina y el 50% en el impuesto de hospedaje, a pesar de que muchos de los empresarios afectados habían apoyado la campaña de May Rodríguez. Según Beaurregard, esta situación refleja una desconexión del gobierno con las necesidades de la clase empresarial que, a su juicio, es clave para la generación de empleo en un estado que enfrenta una crisis económica debido a su dependencia del petróleo.
Finalmente, Beaurregard acusó a May Rodríguez de ser un “resentido social” que no comprende la importancia de proteger a los empresarios y su integridad. “Muchos de los empresarios que lo apoyaron durante su campaña hoy ven cómo su seguridad está en riesgo debido al aumento de secuestros, extorsiones y violencia generalizada”, concluyó.