Anuncian cierre del CRESET y traslado de reclusos a penal de Huimanguillo
El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció el cierre del Centro de Reinserción Social de Tabasco (CRESET), ubicado en la Ciudad Industrial de Villahermosa, y el traslado de las personas privadas de la libertad al penal de Huimanguillo. Este cambio forma parte de un plan para mejorar el control y la seguridad en las cárceles del estado, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército y la Guardia Nacional.
Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, May Rodríguez explicó que el penal de Huimanguillo será ampliado y adecuado para recibir a los reclusos actualmente alojados en el CRESET. Los trabajos de remodelación, que tendrán una duración de tres meses, permitirán que el penal federal, entregado en comodato al gobierno estatal, cuente con capacidad para 720 reclusos.
El anuncio se produce después de dos enfrentamientos entre grupos delictivos al interior del CRESET en menos de dos meses, los cuales dejaron un saldo de catorce muertos. El gobernador señaló que presentará la propuesta de cierre del CRESET a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios de Tabasco.
Ampliación del Cefereso de Huimanguillo
Javier May confirmó que en tres meses se rehabilitará el penal de alta seguridad en Huimanguillo, lo que contribuirá a reducir la sobrepoblación en el CRESET de Villahermosa. El Cefereso de Huimanguillo, ubicado en un predio de 75 hectáreas, tiene capacidad para albergar a 720 personas privadas de su libertad.
El gobernador destacó que se está evaluando la posibilidad de ampliar las instalaciones en Huimanguillo para construir nuevos espacios y trasladar completamente el reclusorio de Villahermosa. “Una propuesta es mover el reclusorio que está en Villahermosa, construirlo en Huimanguillo, y entonces cerrar el CRESET que está aquí en Villahermosa”, explicó May.
Este proyecto a mediano plazo busca no solo mejorar las condiciones de los reclusos, sino también optimizar la gestión y seguridad del sistema penitenciario estatal.
