Venta de terrenos en Quintana Roo: Coldwell defiende venta a Calica
El exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell explicó que la venta de terrenos en Quintana Roo a la empresa estadounidense Vulcan Materials, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), fue una decisión impulsada por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid (1982-1988).
Coldwell detalló que los terrenos pertenecían a su familia, los Joaquín Alcerreca, y fueron vendidos para facilitar la construcción de una dársena en Playa del Carmen, crucial para mejorar el abasto de productos a la isla de Cozumel.
Inicialmente, el proyecto se ubicaría entre Xel-Há y Tulum, pero Coldwell se opuso debido al posible impacto en los ríos subterráneos de la zona. El gobierno federal encontró una nueva ubicación al sur de Playa del Carmen, que presentaba menor impacto ambiental al ser una zona ganadera ya afectada.
Coldwell aseguró haber informado al gobierno federal sobre la posesión de los terrenos por parte de su familia para evitar malinterpretaciones. Destacó que el presidente De la Madrid avaló su honestidad y resaltó la importancia del proyecto para el país.
Los terrenos, adquiridos hace décadas, fueron regularizados en los años 80. Tras la publicación de un video de la Semarnat sobre el beneficio a sus familiares por la venta, Coldwell negó haber recibido beneficios personales.
Recordó que la construcción de la dársena redujo significativamente el tiempo de transporte a Cozumel, mejorando el abastecimiento de la isla. Sin embargo, criticó a Vulcan Materials por no colaborar con el Estado mexicano en proyectos como el Tren Maya.
Coldwell señaló que la empresa negó el uso de sus instalaciones para la importación de balasto, lo que habría sido una opción logística y económicamente viable. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha acusado a Vulcan Materials de causar un ecocidio en la zona y mantiene un arbitraje internacional con la empresa, que reclama una indemnización de 500 millones de dólares.
Ante esto, el gobierno federal ha presentado una denuncia ante la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalando una catástrofe ecológica en Playa del Carmen.
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