UBER gana amparo: podrá operar sin concesión en Quintana Roo
En un fallo histórico, el Tercer Tribunal Colegiado con sede en Cancún otorgó un amparo a UBER, permitiendo que la plataforma digital opere en Quintana Roo sin necesidad de una concesión estatal, como lo establecía la Ley de Movilidad. La resolución, derivada de los juicios de amparo 530/2023-VII y 802/2023, impugna la constitucionalidad de dicha normativa y marca un precedente en la regulación de los servicios de transporte contratados mediante plataformas digitales.
El fallo judicial
El tribunal determinó que el servicio que presta UBER no puede ser considerado como transporte público, sino privado, al no cumplir con las características de regularidad, permanencia y continuidad que exige la Ley de Movilidad. En particular, se declaró inconstitucional el artículo 148 de la Ley, el cual obligaba a las plataformas digitales a contar con concesiones estatales para operar.
El juez argumentó que los servicios privados, como los ofrecidos por UBER, son contratados bajo demanda y no responden a una necesidad colectiva continua, lo que los diferencia claramente del transporte público. Por tanto, la empresa podrá operar libremente en el estado sin someterse al esquema concesionario.
Precedentes legales
Este fallo refuerza la postura adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021, que también reconoció a UBER como un servicio de naturaleza privada en los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos y Leona Vicario. Sin embargo, pese a esa resolución, sindicatos de taxistas mantuvieron prácticas de hostigamiento hacia los conductores de UBER, generando enfrentamientos y un clima de tensión en la zona norte del estado.
Conflicto con taxistas y sanciones pendientes
La reacción de los sindicatos de taxistas ha sido un obstáculo constante para la operación de UBER en Quintana Roo. Según reportes, algunos choferes de taxis han incurrido en actos de violencia contra los conductores de la plataforma, a pesar de las advertencias del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo). Este organismo ha reiterado que aplicará sanciones, incluyendo el retiro de concesiones, a quienes sean responsables de agresiones una vez que la Fiscalía General del Estado resuelva las denuncias presentadas.
Un futuro con mayor apertura
El fallo judicial no solo beneficia a UBER, sino que representa un hito en la regulación de las plataformas digitales en México, marcando un camino hacia la convivencia entre sistemas de transporte público y privado. Sin embargo, también plantea retos, especialmente en garantizar la seguridad y evitar nuevos conflictos con los sindicatos de taxistas.
Con esta decisión, Quintana Roo se suma a las entidades que reconocen la naturaleza privada de los servicios de transporte contratados a través de plataformas digitales, dejando abierta la posibilidad de que otras empresas tecnológicas amplíen su operación bajo condiciones similares.
