La plataforma digital de entrega de alimentos a domicilio, Uber Eats, ha ganado una suspensión provisional emitida por un juez federal en contra de las reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo.
Estas reformas fueron aprobadas por el Congreso del Estado en los decretos 041 y 058, y han sido impugnadas por la empresa debido al cobro de un 1.5% del costo de cada viaje de sus repartidores y la obligatoriedad de obtener un permiso basado en una declaratoria de sostenibilidad por parte del Instituto de Movilidad de Quintana Roo.
El fallo emitido por el Noveno Tribunal de Circuito con sede en Quintana Roo es resultado de un amparo presentado por Uber en contra de estas medidas que considera inconstitucionales. La suspensión provisional otorgada implica que las reformas no aplicarán a los repartidores de Uber Eats hasta que se resuelva el asunto de fondo, evitando así que sean sancionados por no cumplir con las disposiciones establecidas.
El juez federal tuvo en cuenta una suspensión definitiva previamente concedida en la Ciudad de México, la cual se refiere a la prohibición de recibir pagos en efectivo. Estas medidas legales forman parte de los múltiples recursos interpuestos por Uber en contra de las reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo.
Además del cobro del 1.5% de la tarifa de cada viaje y la obligatoriedad de obtener permisos, las reformas también imponen otras restricciones a la plataforma de transporte digital de Uber en Quintana Roo. Estas incluyen la necesidad de obtener una declaratoria de necesidad y la imposición de diversas regulaciones.
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