El próximo jueves 16 de octubre de 2025, la Suprema Corte decidirá sobre Aguakan y definirá si asume la revisión del conflicto legal entre el gobierno de Quintana Roo y la empresa concesionaria del servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad. En Cambio Diario te trae los detalles.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, junto con las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, respaldan que el máximo tribunal reasuma el caso. Si la resolución favorece al Estado, la devolución del control del servicio al gobierno sería definitiva e inapelable.
Antecedentes del caso Aguakan
El conflicto se originó tras el decreto del Congreso de Quintana Roo que dio por terminada la concesión en 2023, lo que llevó a Aguakán a promover un amparo (expediente 1323/2023). En abril de 2025, un juez federal negó la protección a la empresa, privilegiando el derecho humano al agua sobre los intereses comerciales.
Sin embargo, la compañía interpuso un recurso de revisión (expediente 311/2025), y es justamente este procedimiento el que la Suprema Corte decidirá sobre Aguakan. Mientras tanto, la empresa continúa operando gracias a una suspensión definitiva otorgada desde enero de 2024.
Suprema Corte decidirá sobre Aguakan: impacto político y social
El caso Aguakán ha generado amplias repercusiones en Quintana Roo, donde la población exige el fin de la concesión que se extendió hasta 2053 bajo el gobierno de Roberto Borge. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado su respaldo al gobierno estatal, señalando que el agua no debe ser tratada como un negocio.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) afirmó estar preparada para asumir el control del sistema una vez que concluyan los litigios, asegurando que no habrá despidos del personal operativo y que se garantizará la continuidad del servicio.
Millonarios intereses en disputa
La decisión que la Suprema Corte decidirá sobre Aguakan no solo definirá el futuro del agua en Quintana Roo, sino también una posible indemnización millonaria para la empresa. El monto podría alcanzar miles de millones de pesos, dada la inversión y los compromisos financieros adquiridos por la concesionaria.
El conflicto también involucra un crédito fiscal de 3,758 millones de pesos reclamado por CAPA, además de denuncias sobre incumplimientos en obras y deficiencias en la calidad del servicio. En caso de resolverse a favor del gobierno estatal, el fallo marcaría un precedente nacional sobre la gestión pública del agua frente a empresas privadas.