Sentencias de 50 y 30 años de prisión contra agresores sexuales en Cancún fueron dictadas por jueces de control tras audiencias separadas, luego de que la Fiscalía General del Estado presentara pruebas suficientes por el delito de violación. Los sentenciados, Rogelio Iván Puc Tejero y Pablo Celaya de la Vega, deberán cumplir además multas y la reparación del daño a sus víctimas.
Condena de 50 años para Rogelio Iván Puc Tejero
El primer caso corresponde a Rogelio Iván Puc Tejero, quien recibió 50 años de prisión por hechos ocurridos en 2019. Los abusos se cometieron en un domicilio del fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, en la Supermanzana 247, en perjuicio de una menor de nueve años, aprovechando su cercanía familiar.
La Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales aportó pruebas suficientes, lo que permitió al juez determinar que no existía duda razonable sobre la culpabilidad del imputado. Además de la pena privativa de libertad, Puc Tejero deberá pagar una multa de 153 mil pesos y cubrir la reparación integral del daño, cuyo monto será definido en una audiencia posterior.
Sentencia de 30 años para Pablo Celaya de la Vega
En otro proceso, Pablo Celaya de la Vega fue condenado a 30 años de prisión por un delito cometido el 3 de mayo de 2020 en un domicilio del fraccionamiento Villa Marino, en la Supermanzana 317. La víctima es una persona con discapacidad cognitiva y física, lo que agrava la gravedad del delito.
El juez también impuso a Celaya de la Vega una multa de 192 mil 440 pesos y la obligación de cubrir la reparación del daño, cuyo monto se determinará en una etapa posterior.
Compromiso de la Fiscalía
La Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso de combatir los delitos sexuales, con especial atención a menores de edad y personas en situación de vulnerabilidad. Las sentencias reflejan el trabajo de las autoridades para garantizar justicia y sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos.
Los casos también destacan la importancia de pruebas sólidas y procedimientos judiciales rigurosos, que permiten a los jueces emitir sentencias contundentes y disuasorias frente a delitos sexuales graves.
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